La fuerza pública reportó 124 capturas y la neutralización de 269 frentes de minería ilegal en Colombia desde el 7 de agosto, en el marco de la operación Aquiles y una nueva ofensiva prioritaria en el Magdalena Medio. El balance, presentado por las Fuerzas Militares bajo el mando del mayor general Erik Rodríguez, en coordinación con la Policía Nacional, la Armada y la Fuerza Aérea Colombiana, detalla que en este periodo se incautaron 55.668 galones de combustible, 40 unidades de maquinaria amarilla, 127 equipos adicionales, así como 77 dragas y 16 dragones. Las acciones están dirigidas a afectar las fuentes de financiación de grupos armados ilegales como el ELN, el Clan del Golfo —particularmente su subestructura Uldar Cardona Rueda— y las disidencias de las FARC, que operan en departamentos como Cesar, Santander, Antioquia y Bolívar, donde confluyen disputas por el control de rentas ilícitas y corredores fluviales.
Uno de los golpes más significativos se dio en el marco de la operación Aquiles, ejecutada en el río Nechí, en el municipio de El Bagre, Antioquia. Allí, las autoridades inutilizaron tres dragones brasileños, dos excavadoras, cuatro dragas tipo buzo y trece motores industriales. Según informó el presidente Abelardo de la Espriella en un mensaje publicado en X, en esa mina se extraían cerca de 26,5 kilos de oro al mes, con un valor estimado de 11.130 millones de pesos en el mercado informal. El mandatario señaló que la estructura criminal cobraba una extorsión equivalente al 15 por ciento de esa producción, lo que representaría aproximadamente 1.669 millones de pesos mensuales. Asimismo, indicó que la inutilización de la maquinaria tuvo un impacto de 6.264 millones de pesos sobre la cadena logística del grupo ilegal.
Nueva ofensiva en el Magdalena Medio
La orden para reforzar la ofensiva fue impartida después del consejo de seguridad realizado el 26 de septiembre en Santa Rosa del Sur, Bolívar. En ese encuentro, el comandante de las Fuerzas Militares, mayor general Erik Rodríguez, dispuso el despliegue de unidades especializadas del Ejército Nacional en el Magdalena Medio. La estrategia busca limitar la capacidad operativa de las organizaciones armadas, impedir su control sobre las comunidades y los corredores fluviales, y contener los daños sobre ecosistemas y fuentes hídricas. Como parte de este plan, la Armada incrementará sus operaciones en afluentes con controles fluviales para localizar dragas y restringir el transporte de combustible, mientras que la Fuerza Aérea Colombiana duplicará los sobrevuelos con aeronaves de ala fija, helicópteros y aeronaves remotamente tripuladas. El Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales del Ejército tendrá la tarea de intervenir en las zonas con extracción ilegal, coordinando con la Policía para las capturas, la preservación de pruebas y los procesos judiciales.
«El presidente Abelardo de la Espriella afirmó en un mensaje publicado en X que en la mina intervenida se extraían cerca de 26,5 kilos de oro al mes, con un valor estimado de $11.130 millones en el mercado informal. De acuerdo con el mandatario, la estructura criminal cobraba una extorsión equivalente al 15% de esa producción, lo que representaría aproximadamente $1.669 millones mensuales. También señaló que la inutilización de la maquinaria tuvo un impacto de $6.264 millones sobre la cadena logística de ese grupo.»
Las operaciones responden a una campaña integral para afectar las fuentes de financiación de los grupos armados ilegales, que obtienen ingresos principalmente de la minería criminal y el narcotráfico. En zonas como el Magdalena Medio y los departamentos de Cesar, Santander, Antioquia y Bolívar, estas estructuras se disputan el control de las rentas ilícitas, lo que genera violencia y daños ambientales. Con esta nueva ofensiva, el Gobierno nacional busca no solo debilitar económicamente a las organizaciones, sino también reducir su capacidad de intimidación sobre las comunidades y proteger los ecosistemas estratégicos del país.
