La Unidad Nacional de Protección (UNP) retiró los esquemas de seguridad a por lo menos quince exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro, quienes ya presentaron recurso de apelación ante la misma entidad. La decisión, adoptada como parte de una revisión de riesgos iniciada a finales de agosto de 2026, afecta a exministros y exaltos cargos como Armando Benedetti, Antonio Sanguino, Luis Alfredo Acosta Zapata, Yesenia Olaya, Diana Morales, Guillermo Alfonso Jaramillo, Germán Ávila, Rosa Yolanda Villavicencio, José Antonio Ocampo, Edwin Palma, Yeimi Karina Murcia, Otty Patiño y Jorge Lemus, entre otros. La polémica se discutirá en un debate de control político en la Cámara de Representantes el próximo 29 de septiembre de 2026, mientras los afectados agotan los diez días hábiles que tienen para apelar la medida.
El director de la UNP, Didier Blanco, explicó que la revisión de los esquemas de protección busca reasignar los recursos de manera eficiente y evaluar el nivel de riesgo actual de quienes ya no hacen parte del Ejecutivo. Según Blanco, algunos exfuncionarios no han entregado los vehículos asignados, situación que calificó como parte del trámite administrativo que debe surtirse. «Algunos exministros y exfuncionarios se llevaron los vehículos, no los han entregado. Eso tiene, de todas formas, un trámite donde tenemos que requerirlos, ellos recurren. Hay algunos que a pesar de que se fueron y ya no son congresistas, pueden tener situaciones personales de seguridad», manifestó el funcionario.
Apelaciones y vacíos en la protección
Blanco aclaró que mientras se resuelven los recursos, las personas afectadas quedan sin esquema de protección, aunque podrán iniciar un nuevo trámite de evaluación de riesgo. «Mientras inician ese nuevo trámite, ellos se quedan sin su esquema. Lo que pasa es que ya no entrarían en la población de Congreso, sino que tendrían que iniciar un nuevo trámite», puntualizó. La UNP, que cuenta con un presupuesto anual cercano a los 2,6 billones de pesos y protege a aproximadamente 12.000 personas en todo el territorio nacional, enfrenta así uno de sus mayores retos administrativos en los últimos años.
Nosotros protegemos vidas humanas. Tan valiosa es la vida del centro, de la derecha, de arriba, de abajo, porque tenemos clarísimo que la protección y el sistema de protección es para aquellas personas que se encuentran en una situación de riesgo.
Didier Blanco, director de la UNP
La decisión de la UNP se produce en medio de una fuerte controversia política. El propio Blanco, quien fue nombrado al frente de la entidad, tuvo que ofrecer disculpas públicas al Centro Democrático por unas afirmaciones hechas en campaña electoral. «Quiero pedir disculpas al Centro Democrático por las afirmaciones que hice estando en campaña, obedecieron a temas de campaña. No es mi postura personal, no es mi postura profesional ni siquiera ideológica», sostuvo. En el mismo sentido, añadió: «Tengo clarísimo el ser humano que soy y también la dignidad que represento en la Unidad de Protección. Pido mil disculpas, como lo hice con La Silla Vacía, a quien se hubiera podido sentir ofendido con los comentarios».
La lista de apelantes fue revelada por Caracol Radio y entre los reclamantes figuran nombres de alto perfil como el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo, el exministro de Minas Edwin Palma y el excomisionado de paz Otty Patiño. La UNP, responsable de la seguridad de políticos, líderes sociales y defensores de derechos humanos, deberá resolver los recursos teniendo en cuenta únicamente el nivel de riesgo de cada solicitante, sin criterios partidistas. Mientras tanto, la incertidumbre crece entre los exfuncionarios que hoy esperan una respuesta que defina si continúan o no con medidas de protección en un país donde las amenazas no entienden de cargos ni de gobiernos.
