Un hecho devastador sacudió la infancia y la seguridad nacional: 15 menores reclutados forzadamente por las disidencias de las Farc murieron en bombardeos de las Fuerzas Militares en los departamentos de Guaviare, Arauca y Amazonas. La información señala que la mayoría de las víctimas no era originaria de esas regiones y habría sido reclutada en otros departamentos para ser trasladada forzosamente por las disidencias lideradas por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco. Este episodio reabre el debate sobre el uso de menores en el conflicto y la necesidad de proteger a la población más vulnerable ante operaciones militares de gran escala.
Las autoridades y organismos intervenientes han señalado que las víctimas forman parte de un patrón de traslado de menores reclutados ilegalmente hacia zonas estratégicas lejanas a sus lugares de origen. En Guaviare se mencionan específicamente Puerto Leguízamo, Solano y Puerto Santander; los traslados habrían concluido en Putumayo, Caquetá y Meta, con otros indicios de reclutamiento en Cauca, Nariño y Valle del Cauca. Además, se señala que estas prácticas buscan desorientar a los jóvenes para dificultar su fuga y mantenerlos fuera del contacto con familiares, incluso usándolos como escudos humanos frente a las operaciones de la Fuerza Pública. La Defensoría del Pueblo y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses han advertido sobre estas tácticas, mientras la ONU en Colombia ha manifestado preocupación y el Ministerio Público ha abierto investigaciones para verificar el cumplimiento de los principios de uso de la fuerza en el marco del conflicto armado.
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La historia llega en un momento de reaparición pública de Iván Mordisco y a raíz de la controversia por los bombardeos que causaron la muerte de menores, con la apertura de una investigación por la Fiscalía para evaluar si las operaciones se ajustaron a las normas del uso legítimo de la fuerza. En la esfera política, la noticia alimenta tensiones y es objeto de debate sobre la estrategia de seguridad y la protección de los derechos humanos en zonas de conflicto.
«A los amigos y familiares de los 15 niños asesinados y demás combatientes ordenados por Petro, enviamos nuestro abrazo solidario que estos jóvenes que han ofrendado la vida por los millones de colombianos que padecen la injusticia de la clase dominante de este país sean recordados como dignos luchadores por la liberación de nuestro pueblo», expresó el líder guerrillero. – Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco
«Sostener que no debíamos bombardear es una posición equivocada que conlleva a que los grupos armados del narco recluten más y más niños», y aseguró que en los ataques participaron únicamente combatientes armados, sin conocimiento de la presencia de menores. – Gustavo Petro, presidente
«Llevaré ese pesar en mi conciencia y sé que nunca podré superar el dolor de sus madres a las que pido perdón», escribió en la red social X. – Gustavo Petro, presidente
En el marco de estas cifras, se destacan 72 horas de combates con el Ejército, y se confirma la presencia de menores entre las localidades mencionadas, con una «importante composición de niños y niñas indígenas» entre las disidencias, según el informe disponible. El caso ha impulsado una reacciones institucionales y la atención de organismos internacionales, incluyendo advertencias de la ONU y una revisión de los principios de uso de la fuerza por parte de la Fiscalía General Penal Militar y Policial, mientras la sociedad colombiana observa con inquietud el alcance y la duración de estas dinámicas de reclutamiento y traslado de menores en medio del conflicto armado.
