Un informe de la Asociación Nacional de Internos y Residentes (Anir), presentado sin fecha específica en el material, revela que se han registrado 163 denuncias de maltrato en la formación médica en Colombia, recogidas en 11 ciudades, un municipio y 32 universidades, con la mayor concentración en Bogotá, que acumula 103 denuncias. Le siguen Cali con 17 y Medellín con 15, mientras que otras ciudades como Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena, Neiva, Pereira, Manizales, Tunja y Popayán completan el panorama. En términos institucionales, 97 denuncias se registraron en universidades privadas y 60 en públicas; seis no aportaron datos y, en una institución privada de Bogotá, se acumularon 24 denuncias.
El informe, titulado Maltrato en la formación médica: caracterización de denuncias en estudiantes de pre y posgrado en Colombia, también detalla que el programa con más casos es la especialización quirúrgica, con 89 denuncias, seguido de la médica, con 59. En cuanto a los tipos de agresión, el maltrato verbal aparece en 124 casos y la violencia psicológica en 123; la sobrecarga laboral se registra en 64, la violencia de género en 20, el maltrato físico en 12, el acoso sexual en 11, la discriminación en 5 y el acoso laboral en 2. En lo que respecta a las especialidades, Pediatría y Ginecología y Obstetricia lideran con 16 casos cada una; Cirugía General 15; Ortopedia 11; Anestesiología 9; Otorrinolaringología 8; Medicina Interna 7; Psiquiatría 7; Cirugía Plástica 6; Medicina Familiar 5; Neurocirugía 4. El reporte también recoge voces de estudiantes y profesionales en formación para delinear con mayor nitidez cómo se reproduce la jerarquía y la presión en el aprendizaje clínico.
El marco de estas cifras se enmarca en una conversación que se ha intensificado en los últimos años acerca del maltrato en la formación médica. La muerte de la médica residente Catalina Gutiérrez Zuluaga en 2024 durante sus turnos de formación se cita como un punto de quiebre que agudizó la mirada pública sobre el tema. En ese contexto, el debate legislativo ha acelerado la discusión sobre la Ley Doctora Catalina, impulsada por María Fernanda Carrascal del Pacto Histórico, la cual ya superó su segundo debate en la Cámara y se ubica en la Comisión Séptima del Senado. La propuesta busca limitar las jornadas a 12 horas diarias y 60 semanales, crear programas de bienestar y salud mental en hospitales y universidades, garantizar seguros y prestaciones, y establecer rutas de denuncia para acoso, maltrato o discriminación.
Desigualdades en las condiciones de formación médica: el llamado a cambios
La publicación de este informe, junto con la discusión legislativa y la memoria de la tragedia de Catalina Gutiérrez Zuluaga, impulsa debates sobre reformas laborales y de bienestar en formación médica. Si bien la Ley Doctora Catalina propone límites de jornadas y componentes de bienestar, también se requieren mejoras en las rutas de denuncia, aseguramiento y apoyo en salud mental para estudiantes y docentes en formación, para frenar el silenciamiento y las jerarquías que sostienen el maltrato.
«la mayoría de denuncias describen entornos de aprendizaje donde se prioriza la obediencia sobre la formación integral y el bienestar; Pero, los costos son evidentes, agotamiento, depresión, renuncias prematuras y una generación que teme denunciar por miedo a represalias.» – Cindy Rodríguez, expresidenta de Anir
La historia, por tanto, no es solo de números, sino de la necesidad de un cambio profundo que propicie ambientes de aprendizaje que prioricen el aprendizaje integral y el bienestar, la creación de rutas de denuncia eficaces y una revisión estructural de las jornadas y la presión académica para evitar recurrir a prácticas que, como advierte el informe, reproducen jerarquías y silencios que afectan la salud y el futuro profesional de miles de médicos en formación.
