Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, defendió la decisión de 17 gobernadores de un total de 32 en Colombia que se negaron a implementar el decreto de emergencia económica impulsado por el Gobierno de Gustavo Petro, el cual busca centralizar las rentas provenientes de licores y cigarrillos, tradicionalmente cedidas constitucionalmente a los departamentos. En un comunicado difundido por la Federación Nacional de Departamentos el 15 de enero de 2026, y ratificado por Toro en una entrevista en Caracol Radio-W el día siguiente, esta postura no representa una confrontación con el Ejecutivo nacional, sino una defensa legítima de la autonomía financiera regional, ante lo que consideran una medida inconstitucional que afectaría gravemente los fondos para salud, educación y deporte en las regiones.
La gobernadora Toro enfatizó que la centralización de estas rentas implicaría una pérdida significativa de recursos para los departamentos, como en el caso del Valle del Cauca, donde se estima una disminución del 40 por ciento en dichas ingresos, lo que agravaría problemas existentes como el contrabando de cigarrillos y licores. Además, alertó sobre el impacto directo en el pago del régimen subsidiado de salud y otros servicios esenciales para la comunidad. Este anuncio generó inmediata polémica, con más líderes departamentales respaldando la negativa, mientras el oficialismo ha insinuado posibles investigaciones por parte de la Fiscalía y la Procuraduría, e incluso ha pedido acciones penales contra los gobernadores disidentes. La situación escalará con una reunión programada para el 19 de enero de 2026 entre los gobernadores y el ministro de Hacienda, Germán Ávila.
Impacto en las regiones y argumentos jurídicos
El decreto de emergencia económica del Gobierno Petro ha sido cuestionado por su efecto en la autonomía territorial, ya que las rentas de licores y cigarrillos son competencias exclusivas de los departamentos según la Constitución. Toro ejemplificó el perjuicio económico al mencionar que el precio de una botella de aguardiente podría dispararse de 40.000 a 70.000 pesos, beneficiando el contrabando y dejando sin recursos a las entidades territoriales para invertir en bienestar social. Los gobernadores involucrados, alineados con la Federación Nacional de Departamentos, preparan tutelas y otras acciones jurídicas para llevar el caso ante la justicia, argumentando que el traslado de fondos a Bogotá, calificado como el «río central», vulnera principios constitucionales.
“No es una confrontación”.
Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca
“Nosotros estamos buscando todas las instancias jurídicas para poder decirle a la justicia los problemas que se nos vienen a las regiones en caso de que se aplique la emergencia económica de licores y cigarrillos”.
Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca
En sus declaraciones radiales, Toro subrayó que la medida golpearía directamente a la gente común, afectando salud, educación y deporte, sin recursos siquiera para sostener el régimen subsidiado en medio del auge del contrabando. “Es a la gente, es a la comunidad, porque es a la salud, es a la educación, es al deporte”, precisó, insistiendo en que se basa en la autonomía financiera y en la inconstitucionalidad de centralizar rentas cedidas a los departamentos.
“Yo creo que esta no es una confrontación, es poderle decir al país y decirle al gobierno que cuando se toman decisiones hay que prever qué efectos negativos va a generar en la gente, en la comunidad”.
Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca
Esta disputa pone en evidencia las tensiones entre el Gobierno central y las regiones por el control de recursos fiscales, con los 17 gobernadores posicionándose como guardianes de los intereses locales ante una política que, según ellos, prioriza Bogotá a costa del desarrollo territorial.
