En 2025, un total de 18.749 colombianos se declararon en quiebra, lo que representa un alarmante incremento del 79 por ciento respecto a 2024, marcando la cifra más alta de insolvencias de personas naturales en la última década, según un informe elaborado por Insolvencia Colombia e IFI Inteligencia Financiera, dirigido por Luis Benítez. Estos datos, recopilados a partir de información del Ministerio de Justicia, las notarías y herramientas de inteligencia artificial que analizan más de 20.000 clientes, destacan la gravedad de la situación financiera en el país, con Bogotá liderando con 5.425 casos, seguida de Antioquia con 4.356, Valle del Cauca con 2.604 y Norte de Santander con 915.
Entre los principales motivos que llevaron a estas declaraciones de insolvencia se encuentra el desorden financiero, que explica el 38,77 por ciento de los casos, seguido del trabajo informal o el desempleo con un 31,54 por ciento, la mala educación financiera con un 14,4 por ciento, los emprendimientos fallidos con un 7,78 por ciento y otros factores que suman el 7,51 por ciento restante. Demográficamente, los hombres representan el 58,1 por ciento de los afectados, mientras que las mujeres son el 41,82 por ciento; los solteros constituyen el 42,86 por ciento y los casados o en unión libre el 57,14 por ciento. En cuanto a los resultados de los procesos, solo el 32,86 por ciento logró acuerdos con acreedores, frente al 67,14 por ciento que no lo consiguieron, un deterioro significativo si se compara con hace cuatro años, cuando el 60 por ciento de los casos sí alcanzaban acuerdos, cifra que en 2024 se redujo a la mitad.
Regiones con mayores incrementos y alertas para el futuro
Los aumentos regionales fueron particularmente drásticos, como en el Atlántico, donde las quiebras se dispararon un 218,73 por ciento al pasar de 283 a 902 casos, en Antioquia un 129,14 por ciento y en Norte de Santander un 125,93 por ciento. Este panorama se agrava con las proyecciones para 2026, año en el que el salario mínimo se fijó en dos millones de pesos mensuales incluyendo el auxilio de transporte, un incremento del 23 por ciento definido por decreto tras el fracaso de la concertación tripartita.
“Es el incremento de insolvencias en personas naturales más alto en la última década y representa la urgente necesidad que tienen los colombianos de acceder a educación financiera. Pero también refleja el impacto que tiene el aumento de la informalidad en el bolsillo de las personas”.
Luis Benítez, director de Insolvencia Colombia e IFI Inteligencia Financiera
“Este es el peor año en cuanto a la cantidad de acuerdos logrados por las personas en la ley de insolvencia, pues hace cuatro años el 60 por ciento de los casos llegaban a acuerdos y el año pasado esa cifra se redujo a la mitad, lo cual muestra la grave situación financiera que están viviendo los hogares colombianos”.
Luis Benítez, director de Insolvencia Colombia e IFI Inteligencia Financiera
Advertencias de Acopi sobre empleo e inflación
María Elena Ospina, presidenta de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), advirtió sobre los riesgos que enfrenta el país en 2026, señalando que el principal peligro radica en la menor creación de empleo formal y el mayor nivel de informalidad, especialmente en micro y pequeñas empresas, junto con una inflación que supera ampliamente la proyectada del 3,6 por ciento a diciembre de 2026, lo que tensiona los costos. Subrayó que el problema no se limita a los empleos perdidos, sino a aquellos que dejan de crearse y se informalizan.
“El riesgo principal es la menor creación de empleo formal y mayor informalidad en 2026, sobre todo en micro y pequeñas empresas; y otro importante es la inflación que supera ampliamente la inflación proyectada (3,6 por ciento a diciembre de 2026), lo que tensiona costos. Acá el tema no es solo cuántos empleos se pierden; es cuántos dejan de crearse y cuántos se informalizan”.
María Elena Ospina, presidenta de Acopi
“Como política pública debe ser progresivo y venir acompañado de un paquete serio de productividad y formalización; si no, el costo se traslada a menos empleo formal, más informalidad y más presión sobre precios”.
María Elena Ospina, presidenta de Acopi
Este incremento sin precedentes en las quiebras pone de manifiesto una crisis financiera que afecta directamente a los hogares colombianos, impulsando la necesidad de políticas públicas enfocadas en educación financiera, formalización laboral y control inflacionario para evitar que la situación empeore en los próximos años.
