Diecinueve exministros y exviceministros de Salud, entre ellos Jaime Arias Ramírez, Augusto Galán Sarmiento, Alejandro Gaviria y Fernando Ruíz Gómez, publicaron una carta abierta dirigida a las autoridades en la que alertan sobre una desfinanciación estructural del sistema de salud colombiano, atribuida al mal manejo del Gobierno Petro, a la que califican como una «crisis deliberada» que pone en riesgo su sostenibilidad para el año 2026. En el documento, denuncian que las medidas gubernamentales adoptadas son insuficientes para corregir el problema, aumentando la incertidumbre y el riesgo de un colapso financiero en el sector a nivel nacional.
Los firmantes destacan que autos judiciales de la Corte Constitucional emitidos en 2024 y 2025 han reiterado la existencia de un problema estructural ligado al cálculo y ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), señalando el uso de información incompleta. Señalan que el aumento anunciado para la UPC en 2026, del 16% en el régimen subsidiado y del 9% en el contributivo, no cubre las necesidades reales estimadas entre el 15% y el 17%, lo que genera un déficit fiscal por el incremento del salario mínimo de 5,3 billones de pesos, de los cuales 4,5 billones corresponden a costos adicionales para el sector salud, equivalentes al 40% de los recursos destinados a la UPC.
Advertencias institucionales y deterioro en el acceso a servicios
La carta hace énfasis en las advertencias previas de la Corte Constitucional, a través de la sentencia T-760 de 2008 y autos recientes, así como de la Procuraduría General de la Nación, que ha alertado sobre la fragilidad financiera y la falta de rigor técnico en las políticas públicas; la Defensoría del Pueblo, que reporta un deterioro en el acceso a servicios, un aumento sostenido de quejas, tutelas y la angustia creciente de pacientes y familias; y la Contraloría, que respalda estas preocupaciones. Un informe del Comité Autónomo de la Regla Fiscal calcula los impactos adicionales por el salario mínimo, subrayando la decisión errática del Gobierno en un contexto crítico.
“Impacto grave en pacientes: las intervenciones y decisiones adoptadas han concentrado la deuda y el riesgo financiero, deteriorado el acceso a los servicios y aumentado la incertidumbre, el sufrimiento y las barreras para usuarios y pacientes”
Exministros y exviceministros de Salud, en la carta pública
“La Corte Constitucional, con Autos proferidos en 2024 y 2025, ha reiterado que el sistema de salud enfrenta un problema estructural de desfinanciación, asociado de manera directa al cálculo y ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), señalando el uso de información incompleta”
Exministros y exviceministros de Salud, citando a la Corte Constitucional
Los exfuncionarios exhortan al Gobierno a respetar la Constitución, cumplir con las órdenes judiciales y construir consensos técnicos para evitar el colapso financiero proyectado para 2026, que agravaría el sufrimiento de los usuarios. Fuentes verificables como los autos de la Corte Constitucional de 2024 y 2025, la sentencia T-760 de 2008, informes de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo respaldan las afirmaciones de la carta, que pone en el centro el impacto directo en la población colombiana.
