En un proceso judicial que genera alarma en el gobierno, más de 19.000 inmuebles administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), dirigida por Amelia Pérez, corren el riesgo de ser devueltos a sus antiguos dueños debido a la caducidad de medidas cautelares tras diez años sin concretar extinciones de dominio. Entre estos predios figuran propiedades vinculadas a figuras del narcotráfico como Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta, cabecilla del cartel Norte del Valle y testigo clave contra Joaquín ‘Chapo’ Guzmán en Estados Unidos; Hélmer ‘Pacho’ Herrera, fundador del cartel de Cali; y familiares de Enilse López, alias La Gata. La situación, que afecta bienes ubicados en ciudades como Armenia, Cali y San Andrés, surgió de una instrucción administrativa de la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) emitida en octubre de 2022 y suspendida provisionalmente por orden del Consejo de Estado el 12 de noviembre, con una nueva suspensión mediante la Instrucción Administrativa No. 1 del 3 de febrero de 2026.
De los 19.869 activos inmobiliarios bajo administración de la SAE, 13.419 superan los diez años de intervención estatal, lo que los expone a la caducidad automática de las medidas cautelares. Esto incluye 1.876 predios priorizados para comercialización y 3.234 destinados a reforma agraria y transferencia de valor social. Las 195 oficinas de Registro de Instrumentos Públicos tienen facultad para declarar esta caducidad, lo que ha impulsado acciones judiciales contra la SNR y alertas emitidas por la SAE en el Consejo de Ministros, así como un informe revelado por Minuto60 el 28 de marzo. El origen del problema radica en la Instrucción Administrativa No. 9 de la SNR de octubre de 2022, que inicialmente excluía la caducidad en procesos de extinción de dominio, pero fue suspendida tras la intervención del Consejo de Estado.
La batalla legal por el cumplimiento de la norma
Abogados como Javier Navia Estrada lideran la defensa de estos derechos, argumentando fallos en la interpretación legal por parte de los registradores. Estos bienes, ligados a cabecillas de los carteles de Cali y Norte del Valle, representan no solo un riesgo para la administración estatal de la SAE, sino también un mensaje negativo para las víctimas del conflicto armado, al tiempo que el Ministerio de Justicia adelanta procesos para evitar la pérdida de estos activos y ha descartado explícitamente cualquier entrega a antiguos criminales, advirtiendo posibles sanciones a funcionarios por omisiones que lleven a caducidades.
“Se inventaron un proceso que no existe y sacaron una circular. Pero no aplicaba para extinción de dominio. El registrador no puede interpretar la ley. Por eso es que estamos dando una batalla desde el derecho. Esto no es un tema de delincuentes queriendo evadir la justicia. Es un tema de ciudadanos pidiendo al Estado que cumpla las normas legales, que juegue limpio y que obre correctamente en derecho o que modifique las leyes”
Javier Navia Estrada, abogado
Esta controversia pone en jaque el equilibrio entre la seguridad jurídica y la lucha contra el crimen organizado, obligando al gobierno a revisar mecanismos para prevenir devoluciones que podrían beneficiar indirectamente a redes del narcotráfico, mientras la SAE enfrenta la potencial pérdida de control sobre un vasto patrimonio intervenido en todo el territorio colombiano.
