La Fundación Paz y Reconciliación (Pares) reveló en un informe basado en inscripciones oficiales ante la Registraduría Nacional del Estado Civil que al menos 195 de los 3.144 candidatos al Congreso de la República para las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026 enfrentan investigaciones judiciales, disciplinarias o fiscales de alta gravedad. Estos procesos incluyen acusaciones por corrupción, contratación irregular, vínculos con paramilitares, irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), homicidio y otros delitos, lo que genera preocupación a menos de tres semanas de la publicación del documento en el contexto del Capitolio colombiano.
De los cuestionados, 78 aspiran al Senado, 111 a la Cámara de Representantes y 6 a curules especiales de paz, con una posible inhabilidad para 41 de ellos por contratos estatales recientes. La mayoría se concentra en partidos tradicionales como el Liberal, Conservador, de la U y Cambio Radical. Entre los nombres destacados figuran Wadith Manzur y Juan Loreto Gómez del Partido Conservador, Julio Elías Chagüi del Partido de la U, Karen Manrique por curul especial de paz, Martha Peralta de Mais, Berenice Bedoya de ASI, César Lorduy de Cambio Radical al Senado, José Vicente Carreño del Centro Democrático, Andrés Calle del Partido Liberal, Milena Flórez, esposa del excongresista Musa Besaile, Yamil Arana del clan Blel y Claudia María Pérez del entorno de Eduardo Pulgar.
Casos emblemáticos y escándalos subyacentes
El informe detalla casos como los relacionados con la Ungrd, donde se denuncian intercambios de votos en la Comisión de Crédito Público por contratos regionales. César Lorduy enfrenta una investigación por un homicidio en Barranquilla en 1979 y denuncias durante su paso como magistrado del Consejo Nacional Electoral, aunque él niega cualquier irregularidad. Por su parte, José Vicente Carreño es señalado por presuntos vínculos paramilitares, los cuales rechaza categóricamente. Además, varios candidatos provienen de clanes políticos cuyos líderes originales han sido condenados por parapolítica o corrupción, evidenciando redes clientelares persistentes.
Aunque estos procesos están abiertos y no cuentan con condenas ejecutoriadas, la presunción de inocencia permite su participación en la contienda, en medio de alertas de la Misión de Observación Electoral (MOE) sobre baja transparencia en la financiación de campañas a través del sistema Cuentas Claras. El Congreso que se elegirá para el período 2026-2030 será clave para depurar estas redes y definir el futuro legislativo del país.
