La Defensoría del Pueblo alertó sobre una serie de ataques armados perpetrados por disidencias de las Farc lideradas por Iván Mordisco en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño, que han dejado un saldo trágico de al menos cinco personas asesinadas en la vereda El Remolino de Taminango. Estos atentados, iniciados el viernes 24 de abril y con el último reportado en la tarde del 26 de abril, incluyeron explosiones de artefactos contra estaciones de policía, estaciones de servicio, vehículos y bases militares, evidenciando la expansión del conflicto armado y el afán de control territorial por parte de estos grupos ilegales.
En Cauca, los ataques se concentraron en municipios como Cajibío, Mercaderes, Popayán y Guachené, donde en Cajibío se registraron 20 fallecidas y más de 45 heridos, mientras que en el Valle del Cauca, en Cali, Palmira y Jamundí, hubo múltiples lesionados por detonaciones como la explosión de una buseta frente a la Tercera Brigada en el sur de Cali el 24 de abril, un vehículo con cilindros cerca del Cantón Pichincha en Cali y un ataque al Batallón de Ingenieros N.° 3 en Palmira. En Nariño, además de las muertes en El Remolino y Taminango, se reportaron acciones similares, con métodos que incluyeron drones cargados de explosivos neutralizados en Popayán, artefactos en el sector El Túnel de Cajibío, incineración de vehículos de servicio público en Mercaderes, amenazas con explosivos en la Vía Panamericana a la altura de Mandivá en Santander de Quilichao y Pescador en Caldono, así como un ataque a una base en Guachené y la quema de un camión avícola en el puente Río Claro de Jamundí el 26 de abril, que provocó el cierre de la ruta.
Escalada de violencia evidencia fallas en la prevención
Esta oleada de violencia, que ha generado presiones sobre las comunidades, restricciones a la movilidad, daños materiales e intimidación constante, fue advertida en los riesgos del Sistema de Alertas Tempranas durante los últimos dos años, lo que pone en evidencia las fallas institucionales en la prevención. La Defensoría del Pueblo, liderada por Iris Marín, y el gobernador de Cauca, Octavio Guzmán, han sido voces clave en la denuncia de estos hechos que buscan consolidar el dominio territorial de las disidencias.
“Manifestamos nuestra solidaridad con las víctimas y reiteramos el llamado al Gobierno nacional, así como a las autoridades departamentales y locales para adoptar acciones inmediatas con enfoque humanitario que permitan contener las afectaciones a las comunidades, proteger la vida y mitigar los riesgos derivados de las presiones ejercidas por los grupos armados”
Defensoría del Pueblo, vía cuenta oficial en X, 26 de abril
La situación en el suroccidente colombiano urge medidas humanitarias inmediatas para salvaguardar la vida de los civiles y frenar la escalada del conflicto, en un contexto donde las comunidades indígenas y afrodescendientes enfrentan el mayor impacto de estas acciones criminales.
