La Sociedad de Activos Especiales (SAE) encendió las alarmas al advertir que 87 solicitudes de terminación unilateral de contratos de arrendamiento sobre locales de las marcas Lili Pink y Yoi ponen en riesgo 260 empleos de Fast Moda S.A.S., empresa que actualmente está bajo administración temporal del Estado por un proceso de extinción de dominio. Diego Chávez, vicepresidente de la SAE, confirmó que estas notificaciones fueron recibidas en los últimos 20 días, mientras que los allanamientos iniciales de la Fiscalía se remontan al pasado 27 de abril.
Ese día, el CTI de la Fiscalía realizó allanamientos simultáneos en tiendas de Lili Pink y Yoi como parte de una macroinvestigación por presunto contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Semanas después, las autoridades ocuparon 405 locales vinculados a la operación de Fast Moda S.A.S., cuyos bienes quedaron bajo la administración de la SAE. La entidad designó a Hernán Sebastián Uchúr como datario encargado de conservar la operación de la compañía, que sigue funcionando como entidad del sector privado pese a la intervención estatal.
Los arrendadores y otros contratistas argumentaron el inicio del proceso de extinción de dominio para solicitar la cancelación unilateral de los contratos. La SAE estima que si se concretan todas estas terminaciones, la operación se reduciría en un 22%. El impacto laboral sería grave, pues la mayoría de los 260 empleos en riesgo corresponden a mujeres cabeza de hogar y madres de familia, según advirtió el propio Diego Chávez: “Una eventual terminación de los contratos de arrendamiento podría generar una afectación directa sobre aproximadamente 260 trabajadores”.
Llamado al diálogo y protección laboral
Chávez explicó que las notificaciones afectan “algunos de los locales con mayor venta dentro de la compañía”, lo que a priori, sin un diagnóstico definitivo, podría tener repercusiones que la SAE analizará en su momento. El vicepresidente señaló que “el común denominador en las notificaciones es justamente el inicio del proceso de extinción de dominio, lo cual genera alertas internas en sus equipos de oficiales de cumplimiento de Sagrilaft y consideran que se materializó un riesgo”. Para contrarrestar esta situación, la SAE ha respondido ya los 23 requerimientos adicionales de empresarios y operadores de centros comerciales, y mantiene mesas de trabajo con delegados del Ministerio del Trabajo para proteger los derechos laborales.
“La administración de la compañía hoy se encuentra en cabeza del Estado colombiano por conducto de la Sociedad de Activos Especiales quien a su vez ya designó un datario, quien se encuentra debidamente inscrito en el registro mercantil y quien tiene facultades para continuar con la operación”
Diego Chávez, vicepresidente de la SAE.
La entidad adelanta un diagnóstico integral financiero, laboral, contractual y operativo para definir medidas de continuidad. Además, hizo un llamado explícito a empresarios, operadores de centros comerciales y proveedores para abrir mesas de diálogo y evitar decisiones que afecten la estabilidad económica de las familias. En paralelo, algunos proveedores de bienes y servicios —financieros, jurídicos y operativos— suspendieron contratos debido a las dudas generadas por la medida judicial. Entidades financieras bloquearon cuentas bancarias y productos de datáfono, por lo que la empresa recibe solo pagos en efectivo. No obstante, dos entidades, entre ellas Addi, ya retomaron operaciones con la compañía. “Los establecimientos de comercio continúan operando bajo criterios de legalidad, transparencia, responsabilidad y cumplimiento normativo”, concluyó Chávez.
