En una jornada histórica ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), 27 exmiembros de la Fuerza Pública, entre ellos dos generales y 25 uniformados de diversos rangos, reconocieron su responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales conocidas como «falsos positivos», cometidas en el departamento del Meta. Durante la primera audiencia de reconocimiento de verdad del caso 03, celebrada el 4 de junio como continuación de la sesión iniciada el día anterior, los comparecientes no solo admitieron los crímenes, sino que devolvieron las medallas y condecoraciones obtenidas por esos resultados ilegítimos, en un gesto de reparación simbólica ante las víctimas y sus familias.
El mayor (r) Alejandro Espitia, el teniente (r) Sergio Carreño, el sargento (r) Edwin Londoño y Leonardy Alfonso Polo fueron algunos de los 27 exuniformados que enfrentaron a los familiares de las víctimas en la audiencia pública. Allí, señalaron las presiones de mandos superiores y las alianzas con grupos paramilitares como las causas que llevaron a la normalización de prácticas criminales dentro de las filas militares. El magistrado Alejandro Ramelli, quien dirigió la diligencia, recordó los beneficios que recibieron los uniformados por estos actos, como permisos, días de descanso, felicitaciones, planes vacacionales e incluso comisiones en el exterior, mientras las familias sufrían la pérdida de sus seres queridos.
Palabras de arrepentimiento y devolución de honores
Uno de los momentos más emotivos de la audiencia se vivió cuando los exmilitares, confrontados directamente por los familiares, ofrecieron disculpas públicas y entregaron voluntariamente las condecoraciones que les fueron otorgadas por los resultados ilegítimos. El mayor (r) Alejandro Espitia, visiblemente afectado, declaró: “Se asesinaron civiles y campesinos que fueron presentados ilegítimamente como muertos en combate. Hoy me avergüenzo y me arrepiento ante ustedes, ante el pueblo colombiano y ante mi familia”. Sin embargo, el mismo oficial reconoció la insuficiencia de sus palabras al afirmar: “El perdón creo que no lo merezco porque ningún reconocimiento, ninguna palabra reparará el dolor tan grande que ocasioné a estas humildes familias campesinas”.
En la misma línea, el teniente (r) Sergio Carreño explicó cómo se fue degradando el accionar militar: “Poco a poco se fueron normalizando situaciones profundamente ilegales y contrarias a la vida y la dignidad humana”. Por su parte, el sargento (r) Edwin Londoño expuso la contradicción entre el sufrimiento de las víctimas y el reconocimiento que ellos recibían: “Mientras las familias sufrían la pérdida de sus seres queridos, nosotros recibíamos reconocimientos por resultados que eran ilegítimos y criminales”. El acto simbólico de devolución de medallas fue encabezado por Leonardy Alfonso Polo, quien dijo: “Doy por entendido que esta medalla me fue otorgada por cometer asesinatos contra personas en estado de indefensión y no como la ley y la Constitución lo ordenan. Por eso, tomo la decisión de devolverla a ustedes, las víctimas”.
El clamor de las familias por la verdad y la dignidad
Las víctimas y sus representantes también hicieron oír su voz, exigiendo respeto por la memoria de los asesinados y que se ponga fin a la negación de los hechos. Gloria Eugenia Gómez Caicedo, familiar de una de las víctimas, fue enfática al pedir que se reconozca la verdad de lo sucedido: “Debe quedar claro que nuestros seres queridos no fueron asesinados por pertenecer a grupos armados. La verdad también está en la forma como se nombran los hechos. Para las familias es fundamental que el buen nombre de nuestros seres queridos quede limpio para siempre”. Con igual fuerza, Raquel Benavidez, en representación de las familias, expresó: “Como madres, nos duele profundamente que todavía haya personas que nieguen lo que sucedió. Por eso exigimos respeto por su memoria. Ellos no eran números ni estadísticas. Eran hijos con nombre, con historia, con familia, con una madre y un padre que los ama y los esperaban en casa con los brazos abiertos”.
“Como madres, nos duele profundamente que todavía haya personas que nieguen lo que sucedió. Por eso exigimos respeto por su memoria. Ellos no eran números ni estadísticas. Eran hijos con nombre, con historia, con familia, con una madre y un padre que los ama y los esperaban en casa con los brazos abiertos”
Raquel Benavidez, representante de familias de víctimas
El caso 03 de la JEP, que investiga las ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de la fuerza pública en el Meta y otras regiones, ha documentado un patrón sistemático de alianzas con paramilitares y presiones de los mandos superiores para inflar resultados operacionales. En audiencias previas ya se había evidenciado cómo los uniformados recibían recompensas por estos crímenes. El mayor (r) Espitia confirmó haber formado parte de una alianza con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), lo que refuerza la tesis de una práctica institucionalizada. Con este acto de reconocimiento y entrega de medallas, la JEP avanza en su proceso de verdad, justicia, reparación y no repetición, aunque las familias han dejado claro que el perdón no es automático y que la lucha por limpiar el nombre de sus seres queridos apenas comienza.
