El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, lanzó una contundente advertencia al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) durante una alocución transmitida tras un consejo de seguridad de más de siete horas. El mandatario afirmó que su Gobierno no negociará «bajo presión» y ordenó una revisión exhaustiva de los recursos estatales vinculados a acuerdos con esa organización, por un monto de 1,13 billones de pesos. La medida surge como respuesta a la convocatoria de la «Cumbre Indígena y Movilización Social por la Vida» que el CRIC programó del 11 al 14 de octubre de 2026 en el departamento del Cauca, una región que ha sido escenario de tensiones entre comunidades y el Estado.
En su intervención, De la Espriella estableció una clara diferenciación entre las comunidades indígenas del país y la dirigencia del CRIC. «Una cosa son los pueblos indígenas de Colombia y otra cosa muy distinta es el Cric», sentenció, dejando entrever que el Ejecutivo mantiene canales de diálogo directo con las bases indígenas, pero no cederá ante lo que considera presiones políticas. El presidente aseguró que la revisión de los acuerdos será minuciosa: «Peso por peso vamos a revisar, contrato por contrato y convenio por convenio». Sin embargo, no precisó qué entidad estatal estará a cargo de la auditoría ni los plazos para presentar los resultados.
Revisión de recursos y distinción con comunidades indígenas
La movilización indígena, convocada por el CRIC, tiene como objetivo visibilizar demandas sociales y territoriales, pero el Gobierno ya anunció que garantizará la protesta pacífica siempre que no se incurra en bloqueos de vías, actos violentos o afectaciones a la movilidad. De la Espriella fue enfático al señalar que quienes destruyan infraestructura, agredan a la fuerza pública o a civiles, o bloqueen carreteras, deberán responder ante las autoridades. La postura presidencial busca equilibrar el derecho a la protesta con el mantenimiento del orden público, en un contexto donde el Cauca ha sido escenario de frecuentes conflictos.
En paralelo, el mandatario anunció medidas administrativas para agilizar los procesos de consulta previa, un mecanismo clave en la relación entre el Estado y los pueblos indígenas. El Ministerio del Interior deberá digitalizar el 100 % de los expedientes represados en un plazo de 30 días, y cada trámite contará con un responsable, un cronograma y una fecha límite. Esta decisión busca desatascar un sistema que, según críticos, ha sido utilizado como herramienta de presión política.
«No vamos a negociar bajo presión»
Abelardo de la Espriella, presidente de la República de Colombia
Plan contra la sequía y Fondo Milagro
Además de los temas relacionados con la protesta indígena, De la Espriella aprovechó la alocución para revelar un plan de contingencia ante la posibilidad de una megasequía que, según los pronósticos, podría afectar al país desde finales de noviembre de 2026. El plan incluye programas de ahorro de agua, garantía de disponibilidad de combustibles y gas, despacho de plantas térmicas y el uso de la capacidad instalada del sistema eléctrico. El presidente fijó como fecha límite el 31 de diciembre de 2026 para adoptar las medidas necesarias contra un eventual apagón.
Otro anuncio relevante fue la creación del denominado Fondo Milagro, un instrumento financiero dotado inicialmente con 1 billón de pesos para la reconstrucción de zonas afectadas por el sismo del 10 de agosto de 2026. El decreto 1379 dejó en firme su creación, y su junta directiva estará integrada por destacados empresarios colombianos: Liliana Restrepo, fundadora de Frisby; Germán Bahamón, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros; César Caicedo, presidente de Colombina; Arturo Calle, empresario textil; y Carlos Ríos, secretario de la Presidencia. La inclusión de figuras del sector privado busca darle credibilidad y eficiencia a la gestión de los recursos.
En medio de un clima de tensiones sociales y desafíos ambientales, el presidente De la Espriella intenta mostrar un Gobierno firme pero abierto al diálogo, aunque dejando claro que no tolerará lo que considera chantajes políticos. La movilización del CRIC en octubre será una prueba de fuego para esta estrategia, mientras la revisión de los 1,13 billones de pesos promete abrir una nueva etapa de escrutinio sobre los acuerdos estatales con organizaciones indígenas.
