Un escándalo ambiental sacude a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) después de que Yordy Medina Noriega, asesor de la Dirección General y director de Comunicaciones de la entidad, fuera denunciado por aparecer en un video cocinando y consumiendo un armadillo, especie silvestre amenazada y en peligro de extinción. El video, difundido inicialmente por el usuario @cosas_del_llano_3.0, muestra a Medina manipulando el animal con entusiasmo mientras afirma: “Hoy tenemos un cachicamo (nombre común del armadillo) acá en Bogotá (…) Así estemos lejos del llano, comemos como si estuviéramos en el llano, pariente”. La grabación, viralizada recientemente, ha generado un fuerte rechazo de organizaciones civiles y figuras políticas, que exigen investigación penal y disciplinaria contra el funcionario.

La Red Nacional de Defensa de la Reforma Agraria fue una de las primeras en pronunciarse, señalando en su cuenta de X que “se trata de una especie silvestre amenazada y en peligro de extinción, por lo que el funcionario podría estar incurriendo en uno o varios delitos ambientales”. La misma organización aclaró que respetan a las comunidades indígenas, afro y campesinas que por tradición y supervivencia viven del monte, pero enfatizaron que este no es el caso. La senadora Andrea Padilla, de la Alianza Verde, también se sumó a las críticas y pidió directamente al presidente de la ANT, Abelardo de la Espriella, y a la directora Lina Garrido que investiguen la denuncia y, en caso de confirmarse, tomen medidas penales y disciplinarias. “Por los animales y por la legalidad lo correcto es investigar”, escribió la congresista en la misma red social.

Las consecuencias legales del delito ambiental

El caso ha puesto sobre la mesa las graves sanciones que contempla la legislación colombiana para este tipo de conductas. Según la Ley 2111 de 2021, que reformó el Código Penal, la caza ilegal de fauna silvestre puede acarrear penas de prisión de 16 a 54 meses, además de multas que oscilan entre 33 y 937 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Pero el delito se agrava cuando se trata de especies amenazadas o en peligro de extinción, como el armadillo: en esos casos, las penas aumentan en una tercera parte hasta la mitad. Así, el aprovechamiento ilícito de recursos naturales, que incluye cazar, pescar o capturar especies protegidas, puede llevar a una condena de 60 a 135 meses de prisión y multas de 134 a 43.750 salarios mínimos. El tráfico de fauna silvestre, por su parte, contempla las mismas penas de prisión y multas de 300 a 40.000 salarios mínimos.

A nivel administrativo, las corporaciones autónomas regionales y el Ministerio de Ambiente pueden imponer multas superiores a los 190 millones de pesos, además del decomiso inmediato de los especímenes, sus productos y subproductos –como carne, pieles o huevos– y de los elementos utilizados en la infracción. Hasta el momento, la ANT no ha emitido ningún pronunciamiento oficial sobre la denuncia, mientras que organizaciones civiles han solicitado la intervención de la Fiscalía General de la Nación, la Secretaría de Ambiente de Bogotá y las corporaciones autónomas regionales para que inicien las investigaciones correspondientes.

«Presidente Abelardo de la Espriella, directora Lina Garrido. Denuncian que este funcionario de la ANT está involucrado en el consumo de un armadillo: animal silvestre protegido por ley. Por los animales y por la legalidad lo correcto es investigar la denuncia y, en caso de confirmarla, tomar medidas penales y disciplinarias»

Andrea Padilla, senadora de Alianza Verde, en su cuenta de X

El armadillo, conocido también como cachicamo, es una especie silvestre nativa que, según la normativa colombiana, se encuentra amenazada y en peligro de extinción. Su caza, consumo, comercialización o cualquier forma de aprovechamiento no autorizado está tipificado como delito ambiental. Mientras la presión ciudadana y política crece, el video sigue circulando en redes sociales y la pregunta que resuena es si la ANT, liderada por la excongresista Lina Garrido, actuará con celeridad para deslindar responsabilidades y dar ejemplo de respeto por la biodiversidad del país.