La Alianza por la Democracia, conformada por 30 organizaciones civiles entre las que se destacan Transparencia por Colombia, Fundación Foro Nacional por Colombia, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y Congreso Visible, así como AFE, Fundación Corona, Caribe Afirmativo, CGT, Loto de Pachamama, FIP, Cámara de Comercio de Bogotá, Movilizatorio, Instituto Anticorrupción, ORÍGEN, Incidir para Existir e Integrados, lanzó un comunicado conjunto en el que advierte sobre el riesgo de violencia política en 339 municipios de Colombia, equivalentes a cerca de un tercio del territorio nacional, e insta al Gobierno a actuar de inmediato para proteger las elecciones legislativas y presidenciales de 2025.
El llamado urgente se basa en un análisis conjunto de alertas emitidas por autoridades electorales, la Misión de Observación Electoral (MOE), Human Rights Watch y la Defensoría del Pueblo, que identifican en 171 de esos municipios riesgos simultáneos de violencia y fraude electoral, mientras que 81 se encuentran en un nivel extremo de amenaza, impulsados por la expansión de grupos armados ilegales, el control territorial que estos ejercen y la proliferación de actos violentos y engaños en los procesos comiciales.
Cifras que evidencian una crisis inminente
Estos 339 municipios concentran preocupaciones que podrían impedir elecciones pacíficas, justas y democráticas en un año marcado por un orden público crítico, con informes que destacan la crisis humanitaria proyectada para 2025 por Human Rights Watch, así como la violencia política, el fraude y la difusión de noticias falsas señalados por la MOE y la Defensoría del Pueblo. La expansión de los grupos armados ha generado un panorama donde la violencia ya determina en cierta medida el curso de la democracia colombiana.
Una ola reciente de atentados contra la política
Entre los hechos más graves que sustentan estas alertas figuran el asesinato del precandidato Miguel Uribe Turbay, la destrucción de vallas publicitarias del aspirante Juan Carlos Pinzón en la región del Catatumbo por orden del ELN, el atentado contra la caravana del senador Jairo Castellanos en Arauca, el secuestro de la senadora Aída Quilcué y la imposición de toques de queda en diversas zonas del país, lo que ilustra la magnitud del desafío para las campañas electorales.
“Las 30 organizaciones firmantes, articuladas en la Alianza por la Democracia, hacemos un llamado al Gobierno colombiano a atender con seriedad y prontitud a las alertas que, sobre el riesgo de violencia política en las próximas elecciones legislativas y presidenciales, han emitido”.
Alianza por la Democracia, comunicado conjunto
“Es inaceptable que la violencia política determine, como en cierta medida ya lo ha hecho, el curso de la democracia colombiana este año, y que la expansión del control territorial de los grupos armados ponga en riesgo la posibilidad misma de que los colombianos ejerzan sus más básicos derechos democráticos”.
Alianza por la Democracia, comunicado conjunto
Frente a este escenario, las organizaciones enfatizan la necesidad de una respuesta gubernamental inmediata para salvaguardar el ejercicio democrático y evitar que la violencia y el fraude socaven la voluntad popular en las urnas de 2025.
