En un hecho que ha generado amplia polémica, treinta y uno de congresistas de izquierda, entre ellos el candidato presidencial Iván Cepeda Castro, ganador de la consulta del Pacto Histórico el pasado 26 de octubre, firmaron una carta el 1 de diciembre exigiendo la liberación inmediata de once jóvenes detenidos en Bogotá acusados de terrorismo. La misiva, dirigida al Estado, la Fiscalía y el Gobierno Nacional, fue dada a conocer el 14 de diciembre de 2025, desatando críticas en plataformas digitales por parte de la oposición, mientras que un reporte de la Policía del 12 de diciembre detalla el expediente en su contra.
La carta lleva las firmas de destacados legisladores como Aida Quilcué, Ariel Ávila, Clara López, Imelda Daza, la senadora Isabel Zuleta del Pacto Histórico, Jahel Quiroga, Julián Gallo, Sandra Ramírez, Alfredo Mondragón y Wilson Arias, todos miembros de la Comisión Accidental de Seguimiento y Verificación a Garantías y Situación de Derechos Humanos de Personas Privadas de la Libertad del Congreso. En el documento, los congresistas argumentan que la detención preventiva resulta incompatible con el derecho fundamental a la protesta social, en ausencia de pruebas suficientes, y denuncian hostigamientos, persecución y criminalización de la juventud.
Los jóvenes vinculados a una brigada clandestina
Los once detenidos, entre quienes se encuentran Sebastián Santiesteban Lozano, Omar Millet Araya Romero, Siaira María Pinzón Camargo, María Victoria Betancourt Lauria, Sebastián Narváez Holguín, Xiomara Katherine Amaro Cortes, Luis Alejandro Gamboa Suárez e Isabel Yoana Rodríguez Bernal, pertenecen a la organización conocida como PPP o Brigada Clandestina para el Pueblo y por el Pueblo. Según la Fiscalía, estos jóvenes se infiltraron en universidades utilizando carnés falsos y fabricaron explosivos como papas bomba y cócteles molotov, empleados en al menos diez episodios violentos entre 2024 y 2025 contra el sistema TransMilenio, buses del SITP y uniformados. Un juez ordenó su detención preventiva tras imputaciones por delitos como terrorismo, concierto para delinquir agravado, incendio agravado, porte ilegal de explosivos, perturbación al transporte público y violencia contra servidor público. El expediente incluye más de cuatro mil horas de análisis de video, la interceptación de cincuenta líneas telefónicas, trece diligencias de allanamiento y la incautación de material explosivo, pólvora, dispositivos móviles, computadores, prendas y un arma de letalidad reducida. Además, se menciona al alias Salvatore como presunto cabecilla relacionado con los explosivos e incendios.
«Manifestamos nuestra preocupación por la criminalización de la juventud, siendo inaceptable que en el supuesto de garantizar la legalidad en desarrollo de los hechos ocurridos, la fiscalía no busque evitar la estigmatización de los estudiantes y la no repetición, sino avanzar en la condena de la impunidad que se desprende de los hechos desconociendo las directivas de la Fiscal General de la Nación».
Congresistas firmantes, Comisión Accidental
Los legisladores exigieron en la carta el cumplimiento de acuerdos legales y la garantía de derechos humanos para los privados de la libertad, instando a la Fiscalía y al Gobierno a respetar compromisos internacionales en materia de derechos humanos, especialmente para jóvenes en esta situación. Esta postura contrasta fuertemente con las evidencias recopiladas por las autoridades, lo que ha intensificado el debate público en un contexto de tensiones políticas previas a las elecciones presidenciales.
«Resulta incompatible con la garantía del derecho fundamental a la protesta social la continuidad de la privación de la libertad a los jóvenes involucrados en los hechos, en ausencia de pruebas que sustenten una medida tan gravosa».
Congresistas firmantes, Comisión Accidental
La controversia se ha extendido en redes sociales, donde sectores opositores cuestionan la defensa de los congresistas hacia personas acusadas de graves delitos, mientras que los firmantes insisten en la necesidad de evitar la estigmatización y promover la no repetición de violaciones a los derechos humanos.
