En medio de serios cuestionamientos sobre la legalidad del proceso, la Cancillería de Colombia adjudicó un contrato por 4.499 millones de pesos a la empresa Skynet para la adquisición e instalación de un sistema de control de acceso en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. El contrato, identificado con el número 790 de 2025, fue suscrito entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Skynet, y ha generado controversia por la vía utilizada para su adjudicación y las irregularidades documentales que lo rodean.
La decisión de recurrir a un contrato interadministrativo, figura legal que permite contratar con entidades estatales sin necesidad de licitación pública, evitó un proceso de selección abierto. Según reveló la revista Semana, de los más de 1.050 posibles proveedores identificados, solo 89 fueron invitados a cotizar, y el plazo para presentar ofertas fue de apenas dos días, entre el 11 y el 13 de noviembre. Entre los funcionarios que participaron en el proceso se encuentran Manuel Alejandro López Rozo, director administrativo y financiero; Elvira de las Mercedes Sanabria, secretaria general y representante legal del Fondo Rotatorio; Felipe Alfonso Muñoz, abogado de la Secretaría General; y Edilma Rojas, coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Licitaciones y Contratos.
Uno de los puntos más críticos del proceso es la ausencia del acta del Comité Asesor de Contratación número 30, fechada el 14 de noviembre, que recomendó no abrir una licitación. Al no aparecer en los documentos revisados, queda sin sustento formal la decisión de acudir al contrato interadministrativo. Adicionalmente, los estudios previos tienen fecha del 14 de noviembre, mientras que el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) número 326925 está fechado el 20 de noviembre, una inconsistencia cronológica que siembra dudas sobre la secuencia legal del proceso.
Pago total pese a fallas técnicas
El pago total del contrato, por 4.499 millones de pesos, fue certificado el 15 de diciembre. Sin embargo, imágenes verificadas por Semana muestran que la instalación del sistema de control de acceso apenas estaba en curso ese mismo día, lo que contradice la certificación de cumplimiento. Fuentes de la Cancillería señalaron que el sistema presentaba un funcionamiento deficiente, pero aun así se procedió al desembolso completo. La Cancillería no respondió a las preguntas de Semana a través de su oficina de comunicaciones al cierre del artículo.
Este caso se suma a otras controversias de contratación que han marcado la gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores durante el Gobierno de Gustavo Petro, avivando el debate sobre la transparencia y el uso de figuras legales que evitan procesos de licitación pública. La falta de respuestas oficiales y los vacíos documentales dejan abiertas las interrogantes sobre la legalidad de un proceso que, pese a las irregularidades, ya ha sido pagado en su totalidad.
