Al menos 512 firmantes de paz han sido asesinados en Colombia desde la firma del Acuerdo de 2016, tras sumarse tres homicidios en la última semana, dos de ellos ocurridos en el departamento del Cauca. Las víctimas más recientes fueron identificadas como José David Giraldo y su hijo Yerlin Giraldo, quienes participaban en procesos de reincorporación y proyectos productivos de café en el municipio de Cajibío. Un tercer firmante también fue asesinado en la región del Cauca, sin que se haya especificado su lugar exacto de residencia. Estas muertes elevan la cifra total de firmantes asesinados a 512, de los cuales 500 son hombres y 12 mujeres, mientras que 42 personas permanecen desaparecidas y más de 500 han sido desplazadas de sus territorios.
El Consejo Nacional de Reincorporación califica la situación como de alto riesgo y ha denunciado que los homicidios se concentran en un corredor occidental que abarca el Norte del Cauca, Valle del Cauca y Nariño, donde las economías ilícitas y las disputas territoriales de grupos armados alimentan la violencia. Christhian Galvis, abogado y coordinador regional del equipo de defensa de firmantes de paz en el suroccidente, aseguró que se está ejecutando un “plan de exterminio” contra esta población. “Lo que estamos requiriendo inicialmente es voluntad política del nuevo gobierno, voluntad política que permita generar acciones interinstitucionales”, declaró Galvis, quien también advirtió que los señalamientos y la estigmatización desde distintas instancias oficiales agravan la situación.
Una crisis que se profundiza
Las organizaciones de firmantes de paz han solicitado que se evite cualquier forma de estigmatización institucional, pues consideran que aumenta el riesgo individual y colectivo. En ese sentido, Galvis señaló: “Es muy lamentable lo que está ocurriendo. Va a tender a acrecentarse porque a partir de la estigmatización y a partir de los señalamientos injustos que han provenido de distintas aristas de este nuevo gobierno, seguramente ese riesgo que individual y colectivamente sufren los firmantes del acuerdo se traducirá en más hechos que no queremos seguir lamentando”.
«Lo que estamos requiriendo inicialmente es voluntad política del nuevo gobierno, voluntad política que permita generar acciones interinstitucionales»
Christhian Galvis, abogado y coordinador regional del equipo de defensa de firmantes de paz en el suroccidente
La Fiscalía General tiene en su inventario 1.939 investigaciones por amenazas contra firmantes de paz, de las cuales 201 corresponden a mujeres. De ese total, 874 casos fueron inicialmente registrados en la Unidad Especial de Investigación, mientras que otros 1.065 fueron trasladados desde otras fiscalías. La entidad ha unificado las pesquisas para identificar patrones criminales, pero los defensores insisten en que se necesita una respuesta política más contundente. El abogado Christhian Galvis pidió intervención directa de la nueva administración del gobernador Abelardo de la Espriella para atender la seguridad de los firmantes en el suroccidente colombiano, donde la mayoría de los asesinatos se cometen con arma de fuego y están vinculados a las economías ilegales que controlan los grupos armados en la región.
