Un preocupante balance sobre la crisis humanitaria en Colombia fue presentado por la Defensoría del Pueblo, que documentó entre enero y abril de 2026 un total de 46 episodios de desplazamiento forzado y 31 situaciones de confinamiento, afectando a 54.118 personas en todo el país. De esa cifra, 8.249 personas sufrieron desplazamiento, mientras que 45.869 permanecen confinadas en sus territorios, víctimas tanto de la violencia armada como de factores ambientales.
Los departamentos más golpeados por los desplazamientos forzados son Antioquia, Cauca, Chocó, Norte de Santander y Valle del Cauca, mientras que el confinamiento se concentra de manera crítica en Chocó y Putumayo. La Defensoría detalló que el desplazamiento afectó a 13 comunidades afrodescendientes y 11 indígenas, mientras que el confinamiento impacta a 22 comunidades étnicas, de las cuales 16 son indígenas y seis afrodescendientes. Las causas de esta crisis son múltiples: amenazas directas, homicidios, reclutamiento forzado de niños y adolescentes, la presencia de minas antipersonales y artefactos explosivos, a lo que se suma la disputa por el control territorial y la expansión de economías ilegales.
Un componente alarmante del informe es la convergencia entre el conflicto armado y la crisis climática. Al menos 23 episodios de desplazamiento tuvieron un origen ambiental, destacándose dos casos emblemáticos: en abril, la creciente del río Ocaña, en Norte de Santander, obligó a familias enteras a abandonar sus hogares y aisló varias veredas. En el litoral Pacífico nariñense, la erosión costera, intensificada por el cambio climático, provocó que al menos 350 familias dejaran sus viviendas. Además, la Defensoría identificó que 25.541 personas en Antioquia se encuentran en situación de riesgo latente, lo que agrava el panorama humanitario.
Un llamado a la acción urgente
La Defensoría del Pueblo subrayó que son las comunidades indígenas y afrodescendientes las que continúan soportando los impactos más graves del conflicto y los factores ambientales. Según la entidad, esta situación no solo vulnera sus derechos fundamentales, sino que pone en riesgo su permanencia en el territorio, sus prácticas culturales y sus formas de vida. Frente a esta realidad, el organismo de derechos humanos ha reiterado la necesidad de implementar medidas de protección colectiva, garantizar respuestas humanitarias oportunas y avanzar en soluciones dignas y concertadas con las comunidades afectadas.
«Estas cifras representan la persistencia de una crisis humanitaria que exige acciones coordinadas para brindar atención oportuna y digna a las víctimas»
Defensoría del Pueblo
La entidad hizo un llamado directo a las autoridades para que activen mecanismos de protección colectiva y desplieguen respuestas humanitarias rápidas, insistiendo en que las soluciones deben ser construidas de la mano con las comunidades. El informe, que cubre únicamente los primeros cuatro meses del año, evidencia un patrón de violencia que, lejos de ceder, se recrudece y se entrelaza con una crisis climática que ya está desplazando población de forma masiva, configurando una emergencia humanitaria que requiere atención inmediata y coordinada entre todos los niveles del Estado.
