En medio de la emergencia humanitaria desatada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el 10 de agosto de 2026, el representante a la Cámara por Bogotá, Daniel Briceño, encendió el debate público al contrastar las multimillonarias donaciones del sector privado con el monumental desfalco que, según la Contraloría, sufrió la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) durante el gobierno de Gustavo Petro. Briceño, a través de su cuenta de X, señaló que mientras los empresarios aportaron 550.000 millones de pesos para atender a los damnificados, la corrupción en la UNGRD logró sustraer 5 billones de pesos, una cifra diez veces superior.
El contraste numérico que planteó el congresista resume la indignación que ha generado el mayor escándalo de corrupción de la administración Petro. Entre los donantes más destacados se encuentran el CEO de Nu Holdings, David Vélez, con 100.000 millones de pesos; la familia Gilinski, que destinó 150.000 millones para reconstruir hospitales y escuelas en Cali, una de las ciudades más golpeadas por el sismo; y la Fundación Santo Domingo, con otros 100.000 millones. A ellos se sumaron los 201.637 millones de pesos recaudados por la campaña #EmpresasUnidasPorColombia, impulsada por la ANDI en su Congreso Anual de Cartagena, y en la que participaron firmas como Bancolombia, Alpina, Nestlé, Grupo Nutresa, Ecopetrol, Terpel y Tecnoglass, entre otras.
El contraste que indigna
“Hoy el sector privado pone lo que la politiquería y el amiguismo del gobierno anterior desapareció”, escribió Briceño, en una frase que resume el malestar ciudadano y que rápidamente se viralizó. El presidente Abelardo de la Espriella, por su parte, celebró la movilización empresarial con un mensaje de unidad: “Así construimos juntos nuestra Patria Milagro”. Sin embargo, la sombra del desfalco en la UNGRD opacó el ambiente de solidaridad, pues mientras los privados donaron 550.000 millones, la Contraloría documentó en 2024 un detrimento patrimonial de 5 billones de pesos por sobrecostos y contratos direccionados en esa entidad.
«Hoy el sector privado pone lo que la politiquería y el amiguismo del gobierno anterior desapareció»
Daniel Briceño, representante a la Cámara por Bogotá
La dimensión del escándalo quedó al descubierto con el llamado caso de los carrotanques para La Guajira, un contrato de 46.800 millones de pesos que presentó sobrecostos y que destapó una red de presuntos desvíos de recursos. El exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, declaró que, de no haberse destapado ese caso, habrían vaciado completamente la entidad. Las investigaciones de la Fiscalía apuntan a un “pacto criminal” liderado por el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla y el exministro del Interior Luis Fernando Velasco, quienes, según el ente acusador, direccionaron proyectos por más de medio billón de pesos para comprar apoyos legislativos.
Las cuentas pendientes de la UNGRD
La red de corrupción involucra también al exdirector de la UNGRD, Olmedo López, y a los excongresistas Iván Name y Andrés Calle. Las irregularidades documentadas por la Contraloría se extendieron por departamentos como La Guajira, Córdoba, Bolívar, Santander y Boyacá. Solo en este último, las anomalías ascendieron a cerca de un billón de pesos, según informes del organismo de control. En un hecho que añadió más polémica al caso, la Corte Suprema revocó el 6 de agosto de 2026 la medida de aseguramiento contra Luis Fernando Velasco, aunque su juicio continúa y la audiencia preparatoria está programada para el 12 de ese mismo mes.
Mientras el país se recupera de la tragedia del terremoto, las declaraciones de Briceño han reabierto el debate sobre el costo de la corrupción frente a la capacidad de respuesta solidaria del sector privado. Los 550.000 millones de pesos donados en menos de una semana contrastan con los 5 billones evaporados en la UNGRD, una diferencia que, como señaló el representante, pone en evidencia lo que la politiquería y el amiguismo le costaron a Colombia.
