La Defensoría del Pueblo encendió las alarmas al revelar una radiografía de violencia que empaña el traspaso de poder en Colombia. Horas antes de que Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo recibieran sus credenciales como presidente y vicepresidente electos, el organismo de derechos humanos reportó que entre enero y mayo de 2026 fueron asesinados 67 líderes sociales y se registraron 58 masacres con un total de 238 víctimas. La publicación, difundida el jueves 24 de junio de 2026 a través de redes sociales y gráficos, llegó justo después de la segunda vuelta electoral del 21 de junio, y en vísperas de que la nueva administración asuma el poder el próximo 7 de agosto.
Cifras que reflejan una crisis profunda
Los números, correspondientes al período del 1 de enero al 31 de mayo de este año, muestran un patrón de violencia persistente contra defensores de derechos humanos y el territorio. De los 67 líderes asesinados, 55 eran hombres y 12 mujeres. Abril fue el mes más letal con 20 homicidios, seguido de febrero con 14, mientras que enero y mayo registraron 13 cada uno, y marzo sumó siete. Geográficamente, el departamento del Cauca concentra la mayor tragedia con 16 líderes asesinados; Antioquia le sigue con 11, Arauca con seis, Valle del Cauca con cinco, y Norte de Santander con cuatro. Magdalena y Nariño reportaron tres asesinatos cada uno; Bogotá, Chocó, Huila, La Guajira, Putumayo y Santander presentaron dos; mientras que Atlántico, Caldas, Caquetá, Cesar, Córdoba, Cundinamarca y Tolima contabilizaron una víctima mortal cada uno.
En el mismo lapso, las masacres —entendidas como el asesinato de tres o más personas en un mismo hecho— sumaron 58 eventos con 238 víctimas. Marzo lideró con 14 masacres, enero y abril registraron 13 cada uno, mientras que febrero y mayo cerraron con nueve. Además, la Defensoría reportó el asesinato de tres firmantes del Acuerdo de Paz: dos en febrero y uno en marzo, ocurridos en Caquetá, Cauca y Huila.
“En Colombia, los líderes y lideresas sociales están expuestos a constantes ataques que debilitan su trabajo en los territorios”. “Las masacres han aumentado de manera significativa”. “La defensa de los derechos humanos y el territorio no puede seguir costando vidas”.
Defensoría del Pueblo, publicación en redes sociales
Fortalecimiento y fragmentación de grupos armados
El contexto de esta violencia está marcado por un crecimiento alarmante de los grupos armados ilegales. Según la Fundación Conflict Responses, el número de combatientes pasó de cerca de 13.000 en 2018 a más de 27.000 en 2025, lo que representa un aumento superior al 110 por ciento. Las principales organizaciones —Ejército Gaitanista de Colombia (EGC/Clan del Golfo), Estado Mayor de Bloques y Frentes (Embf), Estado Mayor Central (EMC), Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CN-EB) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN)— han diversificado sus economías ilícitas. Colombia se mantiene como el principal productor de cocaína, con cultivos en aumento pese a los esfuerzos de interdicción, mientras la minería ilegal de oro se dispara debido a los precios internacionales, y la extorsión y el secuestro se consolidan como fuentes de financiación en ascenso desde 2023.
La analista Glaeldys González, del International Crisis Group para los Andes del Sur, explicó que los grupos armados se han fragmentado y adaptado a las operaciones militares. “Son grupos más pequeños que se adaptan mejor a operaciones militares sostenidas. Son más flexibles, más difíciles de combatir”, señaló. Además, advirtió que “tiene que haber un análisis estratégico de priorización, dependiendo de las capacidades o de la amenaza que representen los grupos, y focalizar esfuerzos en estos espacios de confrontación donde las comunidades quedan en el medio”. Un informe de Insight Crime confirma esta fragmentación, con más de diez escenarios de confrontación activa en trece departamentos, y el uso de nuevas tecnologías como drones para vigilancia y ataques contra la fuerza pública en Cauca, Valle del Cauca y Nariño.
“Independientemente de quién asuma la presidencia, va a tener que enfrentar este desbalance entre grupos criminales y armados y fuerzas de seguridad. Estamos hablando de una fuerza sobrecargada, trabajando al límite de su capacidad. Quien venga va a tener que pensar en cómo recomponer ese equilibrio que se ha perdido”.
Glaeldys González, analista para los Andes del Sur del International Crisis Group
Una crisis humanitaria que se agrava
La situación en el Catatumbo es un reflejo de la gravedad del conflicto. Desde enero de 2025, más de 100.000 personas han sido desplazadas forzosamente por la violencia. La política de Paz Total del gobierno saliente de Gustavo Petro ha sido señalada como un factor que, lejos de contener, habría permitido la expansión de los grupos ilegales, especialmente por la fragmentación de las disidencias de las Farc. Además, la administración Petro enfrentó una renovación en los altos mandos de las fuerzas de seguridad, lo que, según analistas, contribuyó al desbalance frente a los armados. Con la entrega de credenciales a De la Espriella y Restrepo, el nuevo gobierno hereda un panorama crítico: 67 líderes asesinados en cinco meses, masacres que no cesan, y un llamado urgente de la Defensoría a proteger a quienes defienden los derechos humanos y los territorios.
