Un revelador estudio interinstitucional, liderado por el Ministerio de Justicia y con la participación del Ministerio de Salud, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), ha puesto sobre la mesa una verdad incómoda: la violencia intrafamiliar en Colombia no solo se ha incrementado en las zonas más castigadas por el conflicto armado, sino que ha mutado, adoptando las dinámicas de control territorial y los patrones de una «masculinidad guerrera». El documento, titulado “Análisis del fenómeno de la violencia intrafamiliar con ocasión del conflicto armado en Colombia: hacia la construcción de una política pública”, evidencia cómo la violencia en el hogar se convierte en un hecho victimizante más del conflicto, según concluye el análisis oficial.
La investigación, que pone el foco en departamentos como Cauca, Nariño, Chocó y Valle del Cauca, revela una alarmante brecha institucional. Un 69% de los profesionales del ICBF encuestados afirmó no identificar la relación directa entre la violencia que atienden en los hogares y el contexto de guerra que los rodea. Este dato, lejos de ser una simple estadística, demuestra un subregistro y una invisibilidad estructural que, según las entidades, impide que miles de víctimas accedan al reconocimiento y la reparación que merecen. La normalización de la violencia y la imposición de «órdenes de género» por parte de los actores armados son identificados como los principales catalizadores de esta problemática.
Un continuum de violencias que exige nuevas respuestas
El marco jurídico del estudio se apoya en la Sentencia T-434 de 2024 de la Corte Constitucional, que abordó el caso de “Carmenza”, una mujer campesina que sufrió una tentativa de feminicidio a manos de su pareja sentimental, un actor armado, y que posteriormente fue víctima de desplazamiento forzado. Este caso, según el estudio, es un reflejo de cómo la violencia armada se cuela en el espacio doméstico, utilizando armas, entrenamiento militar y discursos de control que agravan y transforman los patrones de maltrato. El Estado, a través de este documento, reconoce por primera vez de forma integral este “continuum de violencias” que conecta el conflicto armado con la violencia en el ámbito privado.
«El Estado colombiano reconoce que existe un continuum de violencias en territorios afectados por el conflicto armado o con presencia de actores armados, y plantea que la violencia en el ámbito doméstico puede constituir un hecho victimizante dentro del conflicto».
Estudio oficial: “Análisis del fenómeno de la violencia intrafamiliar con ocasión del conflicto armado en Colombia”
Frente a este panorama, el estudio no solo diagnostica el problema, sino que traza una hoja de ruta. Se propone, como medida central, que las Comisarías de Familia implementen de forma obligatoria un enfoque de género e interseccional en el análisis de los casos, aplicando criterios de flexibilidad probatoria y medidas de protección más eficaces. Asimismo, se recomienda fortalecer los criterios técnicos para el reconocimiento de víctimas en el Registro Único de Víctimas (RUV) y diseñar protocolos unificados de atención integral. El objetivo final, según las entidades firmantes, es avanzar hacia una política pública robusta que logre romper el silencio y atender las profundas afectaciones que el conflicto armado ha dejado, y sigue dejando, en el centro de los hogares colombianos.
