En un hallazgo que contrasta la tragedia de la desaparición con el ejercicio democrático, la Fiscalía General de la Nación identificó a 77 personas que figuraban como desaparecidas en registros oficiales, pero que se encontraban ejerciendo su derecho al voto en los puestos de votación durante la primera vuelta presidencial, celebrada el pasado 31 de mayo.
La jornada electoral, que tuvo como ganadores a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, permitió a las autoridades ubicar a estos ciudadanos, tramitar las respectivas actas de supervivencia y proceder a su exclusión inmediata del listado de personas desaparecidas, actualizando así los registros oficiales en todo el territorio nacional.
El operativo de verificación de identidad se desplegó en mesas de votación de quince departamentos del país, incluyendo Cesar, Atlántico, Bolívar, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Antioquia, Valle del Cauca, Caldas, Quindío, Cundinamarca, Caquetá, Putumayo, Huila y Guaviare.
Este cruce de datos, realizado durante el sufragio, no solo permitió esclarecer la situación de los reportados como desaparecidos, sino que también se convirtió en una herramienta para la transparencia electoral, toda vez que la Fiscalía reportó ocho capturas por delitos relacionados con los comicios. De estas, cinco se registraron en Popayán, Cauca, donde cuatro mujeres y un hombre fueron detenidos en flagrancia por presunta corrupción al sufragante, al revisar los certificados electorales de los votantes de un candidato específico y anotar sus datos en un listado. Otras capturas se dieron en Cumaral, Meta, por intento de suplantación de un testigo electoral, y en Valledupar, Cesar, donde una mujer fue detenida por voto fraudulento al intentar sufragar en dos mesas distintas.
Investigaciones y capturas por delitos electorales
Más allá de las detenciones en flagrancia, la Fiscalía abrió diez investigaciones formales por delitos electorales en jurisdicciones como Bogotá, Caquetá, Chocó, Nariño, Risaralda y Sucre. Entre los casos de mayor relevancia, una investigación a cargo de un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción involucra a la alcaldesa de El Paujil, Caquetá, Latia Sindy Castillo Muñoz, por el presunto delito de constreñimiento al sufragante. Paralelamente, la Procuraduría General de la Nación inició un proceso disciplinario por hechos similares, lo que evidencia un esfuerzo coordinado entre las autoridades para garantizar la limpieza del proceso electoral.
Balance de seguridad y capturas por otros delitos
En el marco del balance general de la jornada, la Fiscalía también reportó el cumplimiento de 85 órdenes de captura por delitos no electorales, que incluyen homicidio, concierto para delinquir, extorsión, tráfico de estupefacientes, hurto, violencia intrafamiliar y acceso abusivo a sistemas informáticos. Un caso que llamó la atención fue la detención de un jurado de votación en el municipio de Hato Corozal, Casanare, quien era buscado por la justicia por el delito de acto sexual con menor de 14 años. Este operativo integral refleja cómo la jornada electoral no solo sirvió para reafirmar la democracia, sino también para depurar los registros de desaparecidos y ejecutar acciones de seguridad que permitieron sacar de las calles a personas requeridas por la justicia.
