En la madrugada del 31 de octubre, en Bogotá, Colombia, Juan Carlos Suárez Ortiz, imputado por homicidio agravado en el caso de Jaime Esteban Moreno, busca negociar un preacuerdo con la Fiscalía General para reducir la pena. La información obtenida por La Veintitrés Manizales señala que la fiscal Elsa Reyes podría evaluar la propuesta a través de una negociación con la defensa, y que el objetivo sería lograr beneficios jurídicos mediante la rebaja de la pena, con el debate central entre mantener la tipificación por homicidio agravado o, en su defecto, avanzar hacia un homicidio preterintencional agravado. Delio Romero, periodista y fuente próxima al manejo del caso, ha informado que estas conversaciones habrían comenzado, y que el caso mantiene como víctima a Jaime Esteban Moreno.
El hecho ha tomado relevancia actualmente por las declaraciones de Delio Romero sobre el inicio de contactos con la fiscalía Elsa Reyes para un posible preacuerdo, así como por el análisis de Rogelio Roldán, abogado penalista consultado por este medio, sobre la estrategia de la defensa. Según Roldán, el centro del debate es si el hecho podría tipificarse como homicidio agravado o como homicidio preterintencional agravado, lo que impacta directamente en la pena que podría imponerse. Agrega que, si la fiscalía opta por no avanzar en un preacuerdo y se mantiene la imputación original, podría proponerse un allanamiento mediante el cual Suárez aceptaría cargos y obtendría una pena similar, aunque ese escenario depende exclusivamente de la decisión de la Fiscalía, ya que la facultad de pactar recae en dicho ente.
Posible preacuerdo y su impacto en la tipificación del delito
Entre las cifras relevantes está la pena mínima para el homicidio agravado, fijada en 33 años de prisión. Si prospera un preacuerdo bajo la imputación actual, la pena inicial podría partir de 16.6 años si se hubiera declarado culpable. En el escenario de homicidio preterintencional agravado, la pena podría situarse entre 16.8 años y aproximadamente 33 años. La rebaja por acuerdo podría alcanzar hasta un 50 por ciento si el imputado acepta los cargos, y el límite superior de la posible pena final se menciona en ocho años y cuatro meses de prisión, con posibles incrementos por buen comportamiento o historial delictivo.
«Si la defensa de Juan Carlos busca un preacuerdo bajo esta imputación, la pena partiría de 16.6 años (si se hubiera declarado culpable), pero este no es el escenario más beneficioso para el imputado» – Rogelio Roldán, abogado penalista
«La fiscalía puede aclarar en la acusación que el delito que pretende probar en juicio no es homicidio agravado sino homicidio preterintencional agravado, lo que de entrada ya baja considerablemente la pena a imponer, el artículo 105 señala una pena para este delito de 16.8 años, hasta 33 años aproximadamente» – Rogelio Roldán, abogado penalista
«En este escenario, Juan Carlos Suárez puede aceptar cargos por vía de allanamiento si la fiscalía no quiere realizar preacuerdo y obtendría una pena similar, pero todos estos escenarios dependen netamente de la fiscalía, ya que el preacuerdo es facultativo de la fiscalía» – Rogelio Roldán, abogado penalista
Este análisis llega respaldado por las intervenciones de Caracol Radio, que informó sobre el contacto con la fiscalía; Infobae Colombia, que aporta el análisis de Rogelio Roldán, y por la Fiscalía, que mantiene la información sobre la imputación y el avance del caso. La observación central es que el preacuerdo es facultativo de la Fiscalía, y que la defensa podría proponer una pena pactada con rebaja, conforme a las circunstancias del expediente.
En contexto, el caso nace en torno al asesinato de Jaime Esteban Moreno en Bogotá, en el que participaron dos personas y en el que Suárez figura como imputado por homicidio agravado. La noticia llega en medio de declaraciones públicas sobre el inicio de contactos entre la defensa y la fiscalía para evaluar un posible preacuerdo, y de un análisis jurídico que señala la posibilidad de cambiar la tipificación del delito, con la consiguiente reducción de pena o la terminación anticipada del proceso mediante un acuerdo, siempre sujeto a la decisión final de la Fiscalía.
Con todo, el panorama podría redefinir no solo este expediente sino también la manera en que se abordan negociaciones en casos de homicidio, dependiendo de la decisión de la Fiscalía y de la aceptación por parte de Suárez de los términos que se propongan. Este asunto mantiene atentos a Bogotá y al país, mientras continúa el debate sobre si el hecho debe ser considerado homicidio agravado o homicidio preterintencional agravado y qué beneficios jurídicos pueden derivarse de un eventual preacuerdo.
