La Defensoría del Pueblo ha exigido al Congreso de la República que apruebe de manera urgente el proyecto de ley que establece los procedimientos y competencias de la jurisdicción agraria y rural, con el fin de ponerla en marcha en 2025 mediante la creación de 400 despachos y 24 tribunales agrarios. Esta solicitud surge en medio del estancamiento del debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, donde el pasado martes 18 de noviembre se presentó un abandono de quórum por parte de la oposición, incluyendo sectores del uribismo y Cambio Radical. El proyecto, ponenciado por el representante Gabriel Becerra del Pacto Histórico y respaldado por la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, fue aprobado en comisiones conjuntas en diciembre de 2024, pero ha avanzado mínimamente en plenaria y no figura en la agenda del Senado.
La urgencia de esta ley responde a la ausencia de una justicia especializada para resolver disputas de tierras, un vacío institucional que afecta a miles de campesinos, comunidades étnicas, víctimas del conflicto y mujeres rurales en la adjudicación de baldíos y la formalización de títulos. Esta jurisdicción forma parte del Punto 1 del Acuerdo Final de Paz, cuenta con rango constitucional gracias al Acto Legislativo 03 de 2023 y fue declarada exequible por la Sentencia C-340 de 2025 de la Corte Constitucional.
Imperiosa necesidad de implementación inmediata
En un documento oficial dirigido al Congreso, la Defensoría del Pueblo enfatiza la promulgación de esta norma como un paso esencial para llenar el vacío en los órganos administrativos y judiciales del sector agrario. La entidad destaca que la falta de jueces y despachos especializados genera retrasos crónicos en procesos clave, dejando desprotegidos a quienes reclaman derechos sobre recursos naturales y predios rurales en todo el país.
«un acto de justicia con el campo»
Defensoría del Pueblo, en documento oficial
«Promulgamos la imperiosa necesidad de que el proyecto de ley sea aprobado este mismo semestre y puestos en marcha en el año 2025 los 400 despachos y 24 tribunales agrarios, así como los órganos administrativos de la jurisdicción»
Defensoría del Pueblo, en comunicado
La presión de la Defensoría busca reactivar los debates en el Congreso y superar los obstáculos políticos que han frenado esta iniciativa clave para la paz territorial, recordando que su implementación no solo cumpliría compromisos históricos, sino que transformaría la realidad de las comunidades rurales atrapadas en litigios interminables.
