La Corte Suprema de Justicia de Colombia inició el debate sobre la posible extradición de Johan Michael García Rojas, conocido como alias «La Gallina», líder del Tren de Aragua y tercero al mando de esta organización criminal transnacional, requerido por Venezuela por delitos graves como terrorismo, tráfico ilícito de estupefacientes y armas, financiamiento al terrorismo y asociación para delinquir agravada. Capturado el 28 de diciembre de 2024 en Cali mediante un operativo conjunto de la Dijín, la Policía Nacional y la Fiscalía, el delincuente operaba como principal proveedor de armas y drogas en el norte de Colombia, incluyendo La Guajira, y controlaba rutas de narcotráfico y migración irregular entre Venezuela y Ecuador. El magistrado Carlos Roberto Solórzano presentó un salvamento de voto oponiéndose a la extradición, cuestionando la legitimidad del gobierno venezolano y las irregularidades en su sistema judicial.
Durante la captura en Cali, las autoridades hallaron amuletos, imágenes, cabezas de aves y cráneos humanos que García Rojas utilizaba en presuntos rituales satánicos, incluyendo el sacrificio de animales, en un intento desesperado por evadir la ley. Este suceso resalta la violencia y exotismo de las prácticas del Tren de Aragua en territorio colombiano. El tratado de extradición entre Colombia y Venezuela, con más de un siglo de vigencia, sirve de base para el proceso, pero la decisión de la Corte Suprema genera un inédito debate judicial y político sobre la protección de los derechos humanos de los extraditados y la validez de las solicitudes provenientes de Caracas.
Salvamento de voto cuestiona legitimidad venezolana
En su salvamento de voto, el magistrado Carlos Roberto Solórzano argumentó que el trámite de extradición es manejado por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, una institución permeada por las irregularidades del gobierno de ese país, donde persisten violaciones sistemáticas de derechos humanos. Recordó que la Organización de Estados Americanos calificó al gobierno venezolano como «de facto» el 23 de agosto de 2004, y que el Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció recientemente una millonaria recompensa el 7 de agosto por información que conduzca al arresto o condena de Nicolás Maduro y su círculo cercano, vinculado al Cartel de los Soles.
«El trámite de extradición es adelantado por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Esa institución ha sido permeada por las irregularidades que aquejan al Gobierno de ese país.»
Carlos Roberto Solórzano, magistrado de la Corte Suprema de Justicia
«Tal es el grado de ilegitimidad de quienes se reputan como gobernantes de la vecina nación que, recientemente, el Departamento de Estado de Estados Unidos decidió, el 7 de agosto, ofrecer una recompensa por información que conduzca al arresto o condena de Nicolás Maduro.»
Carlos Roberto Solórzano, magistrado de la Corte Suprema de Justicia
El general retirado William Salamanca, exdirector de la Policía Nacional, celebró la captura destacando el fracaso de las supuestas prácticas esotéricas del criminal. Esta posición inédita de la Corte Suprema no solo pone en jaque la extradición de «La Gallina», sino que reaviva discusiones sobre la cooperación internacional en materia penal ante regímenes cuestionados, priorizando la garantía de juicios justos y el respeto a los derechos humanos.
«¡Ni la brujería salvó al cabecilla del Tren de Aragua! En Cali capturamos a Johan Michael García, alias Gallina, tercero al mando de esta organización criminal, quien practicaba actos satánicos, incluido el sacrificio de animales, para intentar evadir la ley.»
General (r) William Salamanca, exdirector de la Policía Nacional
«En Venezuela existe una violación sistemática de derechos humanos, no es admisible hacer oídos sordos.»
Carlos Roberto Solórzano, magistrado de la Corte Suprema de Justicia
