En Colombia, los subsidios para la compra de vivienda nueva o usada siguen vigentes durante 2025 a través de las 43 cajas de compensación familiar, así como gobernaciones, alcaldías y entidades locales en regiones como Bogotá, Cundinamarca y Barranquilla. Estos programas permiten montos de hasta 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes, equivalentes a 42.705.000 pesos en 2025, dirigidos a familias con ingresos de hasta dos salarios mínimos, mientras que el programa Mi Casa Ya permanece suspendido desde finales de 2024 sin nuevos cupos para 2026.
Las cajas de compensación familiar lideran esta iniciativa, que también cubre la construcción o remodelación de viviendas con subsidios de hasta 18 salarios mínimos, o 25.623.000 pesos, y ofrece la posibilidad de subsidios concurrentes combinados con aportes nacionales o locales para viviendas de interés social o prioritario. Para hogares con ingresos entre dos y cuatro salarios mínimos, el apoyo alcanza los 20 salarios mínimos, o 28.470.000 pesos. La ministra de Vivienda, Helga Rivas, respalda estas alternativas que buscan facilitar el acceso a la propiedad para familias vulnerables de ingresos bajos y medios que no cuenten con vivienda registrada a su nombre.
Requisitos claros y cobertura nacional
Para acceder a estos beneficios, los interesados deben cumplir con requisitos como ingresos moderados, ser primerizos en subsidios y no poseer propiedades registradas. En Bogotá, los montos se mantienen en hasta 30 salarios mínimos, extendiendo la cobertura a todo el país mediante entidades locales. Esta vigencia contrasta con la suspensión de Mi Casa Ya, motivada por el agotamiento de cupos en subsidios de tasa de interés y la falta de aprobación de la reforma tributaria, lo que ha derivado en siete trimestres consecutivos de caídas en el sector de construcción de vivienda nueva.
Alternativas y uso de recursos
Los recursos previamente destinados a Mi Casa Ya se redirigirán en 2026 hacia el mejoramiento de viviendas y el acceso a agua potable. Como opciones complementarias, las familias pueden explorar créditos hipotecarios del Fondo Nacional del Ahorro o leasing habitacional, asegurando que el acceso a la vivienda digna permanezca al alcance pese a las limitaciones presupuestales nacionales.
