El gobierno del presidente Gustavo Petro ha implementado una serie de medidas urgentes de protección electoral ante el recrudecimiento de la violencia política en Colombia, a menos de cuatro meses de las elecciones de 2026. Entre estas acciones destaca la firma de un contrato por 30.179 millones de pesos adjudicado por la Unidad Nacional de Protección (UNP) para la adquisición de vehículos blindados, vigente hasta el 31 de diciembre, junto con la creación de los Comités de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (Cormpe) mediante la resolución 864 del 19 de junio. Estas iniciativas involucran al Ministerio del Interior, liderado por Armando Benedetti, y al Ministerio de Defensa, a cargo de Pedro Sánchez, en respuesta a las crecientes amenazas documentadas por la Misión de Observación Electoral (MOE) y la Defensoría del Pueblo, dirigida por Iris Marín, especialmente en zonas de alto riesgo como Catatumbo, el Pacífico nariñense y caucano, norte, nordeste y Bajo Cauca antioqueños, Caquetá, Bajo Putumayo y Arauca.
Desde el 1 de enero hasta el 8 de noviembre de 2025, la MOE registró 369 hechos de violencia política, un panorama agravado por el conflicto armado impulsado por el ELN y las disidencias de las FARC en su Estado Mayor Central (EMC) bajo el mando de Iván Mordisco. Incidentes recientes incluyen el atentado contra el senador Temístocles Ortega el 14 de noviembre, el ataque al gobernador Renson Martínez en la vía Fortul-Saravena de Arauca, atribuido al ELN, y el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, así como el atentado contra el representante Julio César Triana el 13 de agosto en Huila. Estos eventos han impulsado la evaluación de riesgos por parte de los Cormpe, que han realizado más de 12 sesiones, asignando 533 funcionarios de la UNP y 232 de la Policía Nacional para resguardar a candidatos presidenciales y al Congreso.
Evaluaciones y planes de protección en marcha
Los Cormpe han evaluado hasta octubre a 64 candidatos presidenciales y 59 al Congreso, incrementándose en el último mes a 62 presidenciales, 75 legislativos y 13 de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep). El Ministerio de Defensa ha desplegado una estrategia integral que incluye planeación territorial, inteligencia, protección directa y rondas de la Unidad Nacional para la Disidencia del Mecanismo de Monitoreo (Undmo). No obstante, persisten denuncias de omisiones en la protección, tensiones entre la UNP y la Policía, y la alerta temprana electoral 013/2025 emitida por la Defensoría del Pueblo. Además, la Corte Constitucional ha solicitado mayores fondos a la UNP debido a limitaciones presupuestarias, mientras la Registraduría Nacional, a través de su presidenta Luz Adriana Camargo, ha aclarado que las elecciones no dependen del conflicto armado y que la seguridad recae en la Fuerza Pública y la Fiscalía.
“He pedido personalmente reforzar el esquema, pero no lo han hecho”
Temístocles Ortega, senador de Cambio Radical
En este contexto de escalada violenta, también se han reportado planes de ataque contra figuras como el contralor Carlos Hernán Rodríguez, la representante Catherine Juvinao de Alianza Verde y la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático. Iván Mordisco, jefe de la EMC, justificó recientemente la posición de su grupo al afirmar que buscan defender los territorios ante lo que califica como avanzada guerrerista, alejados del guerrerismo y la corrupción, en un intento de minimizar traumatismos en el proceso electoral de 2026. Estas medidas gubernamentales buscan mitigar el riesgo en un escenario de alta tensión, donde la protección efectiva de líderes políticos se convierte en prioridad nacional para garantizar la democracia.
