El abogado Alejandro Carranza, representante legal del presidente Gustavo Petro y de su hijo Nicolás Petro Burgos, exdiputado del Atlántico, denunció graves irregularidades durante una inspección realizada por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes en el despacho de la fiscal Lucy Marcela Laborde. Según Carranza, la fiscal no tenía disponible entre el 80% y el 90% de las pruebas solicitadas, relacionadas con la investigación sobre presunta financiación irregular de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, en la que se vincula a Nicolás Petro Burgos.
La inspección, efectuada recientemente en el despacho de Laborde, reveló obstáculos logísticos significativos, como la ausencia de declaraciones juramentadas, videos, links y grabaciones de audiencias clave, incluyendo las realizadas por los investigadores Forero y el fiscal Mario Burgos. Aunque se obtuvieron algunos elementos como el principio de oportunidad otorgado a Day Vásquez, la extracción de datos de los celulares de Laura Ojeda y su madre, y el escrito de acusación, la mayoría del material probatorio no estaba accesible. Próximamente se realizarán audiencias el 26 de noviembre a las 2:00 p.m. con Nicolás Petro y el 27 de noviembre a las 9:00 a.m. con Day Vásquez, en el marco de esta pesquisa.
Denuncia por deficiencias en la Fiscalía
Carranza atribuyó estas falencias no a una obstrucción deliberada, sino a problemas administrativos y logísticos crónicos en la Fiscalía General, bajo la dirección de Luz Adriana Camargo. Criticó la infraestructura tecnológica deficiente, como puertos USB suspendidos en los computadores, bloqueos de accesos para extraer información de dispositivos externos y dificultades para abrir correos electrónicos o almacenar archivos, lo que afecta a fiscales de todo el país. Además, calificó la actitud de la fiscal Laborde como descortés durante el procedimiento.
«Todas las evidencias de las declaraciones y entrevistas bajo juramento que tomaron los investigadores Forero y el fiscal Mario Burgos no las tenía. Tampoco tenía ningún video, ningún link, no tenía nada para entregarle a la Comisión. Entonces a la Comisión le toca pedírselos a la Fiscalía central para ver si de pronto ellos sí acceden a colaborar en la investigación. Tampoco tenía las audiencias, ninguna de las audiencias que hemos hecho. El 80% ó 90% de las cosas que teníamos que recaudar, que eran todas las entrevistas en video y todas las audiencias, pues no se pudieron recaudar.»
Alejandro Carranza, abogado del presidente Gustavo Petro
El abogado también expresó comprensión por las limitaciones presupuestarias, señalando que la fiscal general no proporciona drives para almacenar audiencias, obligando a los servidores públicos a costearlo de su bolsillo. En paralelo, surgió preocupación por la seguridad del juez Hugo Carbonó, quien tuvo que recurrir a transporte de aplicaciones sin escoltas debido a una avería en su vehículo asignado por la Unidad Nacional de Protección.
«Si la fiscal general no le da un drive para que ella (fiscal Laborde) guarde las audiencias, como por qué el servidor público va a tener que pagar de su sueldo eso. Entonces yo entiendo eso. Y según entiendo eso, no es que sea solo ella, es que todos los fiscales del país están con un déficit en la logística para atender las necesidades que tienen. Si al computador de ella le bloquearon los accesos para que no puedan sacar información de la USB, ¿qué culpa tiene ella? No puede si la tecnología que maneja la Fiscalía le impide que ella abra su correo electrónico en otras cuentas.»
Alejandro Carranza, abogado del presidente Gustavo Petro
Esta denuncia podría impactar la investigación que salpica al presidente Petro y su hijo, aunque Carranza descartó presentar acciones legales por obstrucción, atribuyéndolo exclusivamente a deficiencias administrativas en la Fiscalía. La Comisión deberá ahora solicitar el material directamente a la sede central para avanzar en el caso.
