Unidades militares y policiales desmantelaron una mina ilegal de oro en el sector Bocana del Guayas, zona rural de Cartagena del Chairá en Caquetá, durante una operación coordinada que resultó en la captura de seis personas involucradas en la extracción ilegal del metal precioso. La acción fue liderada por la Décima Segunda Brigada del Ejército Nacional, a través del Batallón de Infantería N.º 35 Héroes del Güepí, junto al Batallón Fluvial de Infantería de Marina N.º 31 y la Sijín de la Policía Nacional, quienes incautaron dos embarcaciones y una draga de gran capacidad utilizada en las actividades ilícitas.
Esta intervención, realizada de manera reciente, responde al grave daño ambiental que genera la minería ilegal en los ríos amazónicos, donde la maquinaria remueve grandes volúmenes de sedimento, contamina con mercurio, provoca la pérdida de biodiversidad y sedimentación masiva, daños calificados como irreversibles. Además, estas operaciones financian a Grupos Armados Organizados residuales mediante la comercialización de oro que se integra a mercados legales, afectando directamente a comunidades indígenas y campesinas que dependen de los recursos fluviales para su sustento.
Inteligencia militar y redes criminales detrás de la explotación
La inteligencia militar identificó previamente las rutas de transporte, puntos de acopio y dinámicas de abastecimiento de esta red, que involucra no solo la destrucción de hábitats de peces y especies locales, sino también redes de lavado de activos, tráfico de insumos químicos y la explotación de mano de obra vulnerable. La maquinaria incautada, como la draga de gran capacidad, era clave en estas dinámicas destructivas que alteran ecosistemas enteros.
«detrás de la minería ilegal hay un problema social, un problema económico. Estos grupos están utilizando a la población para oponerse a la fuerza pública»
Pedro Sánchez, jefe de la cartera de Defensa
Con esta operación, las autoridades refuerzan su compromiso contra la minería ilegal en regiones como Caquetá, donde el impacto social y ambiental sigue siendo una amenaza latente para el desarrollo sostenible y la seguridad de las comunidades amazónicas.
