Las autoridades colombianas han iniciado una investigación sobre tres denuncias presentadas contra David, conocido como alias El Faraón, un narcotraficante venezolano vinculado al Cartel de los Soles, por presuntas presiones, amenazas y despojo de bienes heredados con el fin de influir en procesos políticos en el departamento de Norte de Santander, una zona crítica en la frontera colombo-venezolana. Estas acusaciones involucran a una testigo protegida, cuyo esposo fue asesinado, tras lo cual se habrían apropiado de sus propiedades para generar influencia económica y política, exigiendo además la entrega de documentos y el abandono de la región.
Las denuncias, radicadas recientemente ante la Fiscalía colombiana, detallan cómo alias El Faraón y sus asociados utilizaron estos métodos para intervenir en el panorama electoral de cara a las elecciones de 2026. José Botello, abogado veedor del caso, recopiló material probatorio clave, incluyendo escritos, testimonios y registros de reuniones, que trasladó a autoridades estadounidenses. El pasado lunes 24 de noviembre, Botello se reunió con agentes del FBI para avanzar en las pesquisas, coincidiendo con la designación por parte de Estados Unidos del Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera.
Alertas en una zona de economías ilegales
La Fiscalía analiza si los hechos configuran delitos de extorsión, disputas por bienes o un interés organizado para brindar apoyo indirecto a actividades políticas, en un contexto donde Norte de Santander se erige como un territorio históricamente sensible por la presencia de economías ilegales y dinámicas transnacionales. Estas denuncias, conocidas en las últimas semanas, han activado alertas internas y solicitudes de organismos internacionales, e incluso han sido mencionadas en la Cámara de Representantes, destacando su posible impacto en la estabilidad institucional y el proceso electoral venidero.
El caso subraya las tensiones en la región fronteriza, donde la intervención de grupos como el Cartel de los Soles podría alterar el equilibrio político y económico, exigiendo una respuesta coordinada entre Colombia y Estados Unidos para salvaguardar la democracia y contrarrestar estas amenazas transfronterizas.
