La Defensoría del Pueblo, liderada por Iris Marín Ortiz, presentó ante el Consejo de Estado una solicitud de nulidad de la resolución presidencial número 327, emitida el 21 de septiembre de 2025 por la Presidencia de la República bajo el gobierno de Gustavo Petro, que designó como gestores de paz a 16 exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entre ellos figuras notorias como Salvatore Mancuso, “Jorge 40”, “Don Berna”, “Macaco”, “Diego Vecino”, “El Alemán” y otros diez paramilitares más. Esta acción se radicó a tres meses de la expedición de la controvertida medida, mediante un extenso documento de 56 páginas que argumenta la necesidad de anularla de inmediato.
La solicitud destaca la falta de claridad en las funciones asignadas a estos excombatientes, así como los riesgos políticos y sociales que genera su designación, especialmente porque varios de ellos fueron previamente excluidos del proceso de Justicia y Paz por reincidir en actividades criminales o incumplir compromisos relacionados con la verdad, la reparación a las víctimas y la no repetición de delitos. Estos individuos, conocidos por la ciudadanía como autores intelectuales y materiales de graves crímenes durante el conflicto armado, ahora reciben un estatus institucional que, según la Defensoría, altera el orden político y social del país y mina la confianza en la justicia y el Estado.
Graves implicaciones políticas y sociales
El documento remitido al Consejo de Estado subraya que la resolución no solo ignora los antecedentes de exclusión de estos 16 exintegrantes de las AUC, sino que produce efectos negativos profundos en el ámbito político y social al otorgar roles oficiales a personas responsables de violaciones masivas a los derechos humanos. La Defensoría argumenta que esta designación compromete la legitimidad de las instituciones y genera desconfianza entre las víctimas y la sociedad en general.
“En el presente caso, la necesidad de la suspensión provisional que se solicita radica en los graves efectos que en el plano político y social genera la vigencia y aplicación de la resolución demandada, en cuanto concede el estatus de gestores de paz”.
Iris Marín Ortiz, Defensora del Pueblo
“Conforme al contenido de esta resolución, ello conlleva a 16 personas que hicieron parte de grupos armados al margen de la ley, personas de amplio conocimiento y recordación por parte de la ciudadanía como autores intelectuales y materiales de muchos y muy graves delitos”.
Iris Marín Ortiz, Defensora del Pueblo
Esta iniciativa de la Defensoría del Pueblo representa un freno potencial a una política de paz total que ha sido cuestionada por priorizar la reintegración de antiguos capos paramilitares sobre la memoria histórica y la justicia transicional, dejando en vilo el futuro de estos nombramientos en medio de un debate nacional sobre reconciliación y accountability.
