Blanca Inés Durán, quien fue directora del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) entre 2020 y 2023, presentó una denuncia formal ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes contra la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo. La acusación se centra en presuntas omisiones funcionales, prevaricato por omisión y negligencia sistemática en el manejo de 41 denuncias penales interpuestas en 2022 por deportistas mujeres víctimas de acoso, abuso sexual, discriminación y otras violencias basadas en género.
Durán, que acompañó personalmente estos procesos durante su gestión en el IDRD, radicó el documento tras obtener información clave mediante una tutela fallada el 19 de agosto de 2025, luego de un derecho de petición presentado en marzo de 2024 que inicialmente no recibió respuesta de la Fiscalía. Las inconsistencias reveladas son graves: mientras Durán reportó 41 casos, la Fiscalía solo reconoció 27, dejando 14 sin rastro en sus registros. De esos 27, ocho procesos siguen activos, pero 19 han sido archivados o precluidos, muchos por motivos como “inexistencia del hecho” o “conducta atípica”, con demoras que superan los tres años sin audiencias de imputación ni sentencias condenatorias.
Inconsistencias y pedidos de investigación
El contexto de estas denuncias se remonta a 2022, cuando Durán respaldó a las deportistas afectadas en su lucha contra las violencias en el ámbito deportivo. La falta de avances en los casos, sumada a la tardanza en responder el derecho de petición, llevó a la exdirectora a exigir una investigación formal contra Camargo. Entre sus solicitudes figuran un informe completo de todas las denuncias por violencias de género en el deporte entre 2021 y 2025, la creación de una unidad especial para atender estos casos y una revisión exhaustiva de los criterios de archivo utilizados por la Fiscalía.
Si la Comisión de Investigación y Acusación encuentra méritos en la denuncia, el proceso podría escalar a la Cámara de Representantes en pleno, al Senado o incluso a la Corte Suprema de Justicia, lo que pondría bajo escrutinio el manejo institucional de las violencias contra mujeres en el deporte colombiano.
