La Fiscalía General de la Nación ha revelado que durante 16 meses no revisó la información incautada en dispositivos electrónicos a Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, Erlinson Echavarría Escobar, Juan Antonio Agudelo Salazar y Diana Carolina Rey Rodríguez, miembros de las disidencias de las FARC, decomisados el 23 de julio de 2024 en Anorí, Antioquia. La caravana del Estado Mayor de Bloques y Frentes fue interceptada en un retén militar, donde la Dijín de la Policía Nacional extrajo datos de computadores, teléfonos y discos duros, generando cinco informes técnicos, el último fechado el 26 de junio de 2025. Sin embargo, ni el despacho de la fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón, ni la Delegada contra la Criminalidad Organizada o la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales recibieron reportes o copias de esta información durante ese período.
La gravedad de los datos, que incluyen posibles cooptación de agentes de inteligencia y del Ejército, amenazas a la seguridad nacional, financiación de campañas presidenciales, alianzas ilegales y empresas de vigilancia, motivó una orden de nuevo análisis y cruce de información emitida el 24 de septiembre de 2024. Este retraso se atribuye a la suspensión de órdenes de captura contra estos individuos, derivada del artículo 5 de la Ley 2272 de 2022, resoluciones 0005 del 16 de enero de 2024, 0282 y 0283 del 4 de julio del mismo año, así como la sentencia C-525 de agosto de 2024 de la Corte Constitucional, en el marco de diálogos de paz. La Fiscalía calificó como alarmante que el contenido de estos dispositivos haya trascendido públicamente, violando el principio de reserva de las actuaciones penales.
Suspensión de capturas y nuevos procesamientos
El día de la incautación, los implicados no fueron detenidos precisamente porque las órdenes de captura habían sido suspendidas previamente por estas disposiciones legales. En paralelo, 28 disidentes del frente 36 han sido judicializados en Antioquia, mientras que María Alejandra Ojeda Londoño y Wenser Yosony Sábana Duque, alias Oliver, aceptaron cargos por porte ilegal de armas y permanecen en prisión; Édgar de Jesús Ortega, alias Firu, está privado de la libertad acusado de homicidio. Los dispositivos permanecen bajo custodia de la Dijín desde el operativo.
“ni el Despacho de la Fiscal General de la Nación, ni ninguna otra dependencia de la entidad, incluida la Delegada contra la Criminalidad Organizada o la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, DECOC, superiores jerárquicos de esa funcionaria, recibió durante el transcurso de estos dieciséis meses, reportes o copias de la información recaudada, posibles hechos, actuaciones o conductas punibles de su competencia”
Fiscalía General de la Nación
“ese día no fueron capturados… porque previamente fueron suspendidas las órdenes de captura emitidas en su contra y las que pudieran emitirse en el futuro, en el marco de las disposiciones contenidas en la Ley 2272 de 2022 y las resoluciones 0005 del 16 de enero de 2024 y 0282 y 0283 del 4 de julio del mismo año”
Fiscalía General de la Nación
Adicionalmente, se compulsaron copias contra el brigadier general Juan Miguel Huertas Herrera a la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia. La Directiva 003 del 10 de julio de 2025 permite ahora capturas en flagrancia por delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y graves violaciones a los derechos humanos, abriendo nuevas líneas de investigación que podrían impactar la seguridad nacional en medio de los procesos de paz con las disidencias.
“alarmante que su contenido hubiera trascendido públicamente, en clara violación del principio de reserva que rige las actuaciones penales”
Fiscalía General de la Nación
