Asofondos solicita a la Corte Constitucional un periodo de revisión ante la Ley 2381 de 2024
La asociación que agrupa a las administradoras de fondos de pensiones solicitó a la Corte Constitucional un plazo adicional para analizar las implicaciones de la Ley 2381 de 2024, que introduce un marco de Protección Social Integral orientado a la vejez. El objetivo es evitar posibles efectos adversos en la economía y en las arcas estatales durante la implementación.
La petición se sustenta en el movimiento de afiliados entre regímenes de pensiones: fuentes citadas por Blu Radio señalan que más de 110.000 cotizantes podrían trasladarse desde fondos privados hacia Colpensiones.
Según lo planteado por la agrupación, una transferencia brusca de fondos privados hacia Colpensiones, estimada en alrededor de 25 billones de pesos, podría precipitar la liquidación de activos y generar impactos fiscales y financieros de gran magnitud. Aunque podría facilitar un alivio temporal en las finanzas públicas, a largo plazo podría comprometer la sostenibilidad del sistema pensional y la estabilidad fiscal, según las estimaciones de la entidad.
La Ley 2381 de 2024 crea un Sistema de Protección Social Integral que abarca vejez, invalidez y muerte, y se financia con aportes de trabajadores, empleadores y fondos públicos. El marco entró en vigencia el 1 de julio de 2025, con ciertas restricciones propias de su implementación, y busca ampliar la cobertura del sistema pensional colombiano.
Contexto adicional: la información sobre movimientos y montos surgió a partir de reportes de Blu Radio, que también mencionaron consultas relacionadas a la sostenibilidad fiscal ante la nueva normativa.
- Qué: Solicitud formal para otorgar un periodo de revisión ante la Corte Constitucional respecto a la Ley 2381 de 2024.
- Quién: Asofondos, en representación de las administradoras de fondos de pensiones; la Corte Constitucional como ente receptante.
- Cuándo: La petición se presentan en el marco de la puesta en marcha de la normativa; la Ley entró en vigencia el 1 de julio de 2025.
- Dónde: Corte Constitucional, con seguimiento desde la sede en Bogotá.
- Cómo: A través de un escrito formal para evaluar impactos fiscales y financieros antes de avanzar con fases de implementación de la reforma.
- Por qué: Para evitar desequilibrios en las finanzas públicas y en el sistema de pensiones ante movimientos significativos de afiliados entre regímenes.
Notas de contexto: Blu Radio difundió información preliminar sobre el posible traslado de afiliados y el impacto asociado; la discusión pública se centra en la posible necesidad de ajustar tiempos y condiciones para la transición.
