Las autoridades confirmaron que Julián Eduardo Cifuentes Gómez se allanó a los delitos imputados tras su extradición desde Francia.
Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Julián Eduardo Cifuentes Gómez, señalado por el homicidio del sacerdote Darío Valencia Uribe, párroco de la iglesia Perpetuo Socorro de Pereira. El procesado aceptó los cargos imputados por la Fiscalía tras su presentación ante el despacho judicial.
Cifuentes Gómez fue capturado a su arribo al aeropuerto El Dorado de Bogotá, luego de ser extraditado desde Francia. Las autoridades señalaron que viajó a ese país el 29 de abril de 2024, cuatro días después del crimen, con el propósito de evadir la acción judicial.
De acuerdo con la investigación, el procesado se reunió con el sacerdote para concretar el pago de 30 millones de pesos por la compra de una camioneta. En ese encuentro le habría disparado en varias oportunidades y posteriormente abandonado el cuerpo en zona rural de Belalcázar, Caldas. Un funcionario de la Fiscalía explicó que la reconstrucción de los hechos permitió establecer que “el traslado del cuerpo y el lavado del vehículo fueron maniobras para ocultar evidencia”.
El vehículo fue llevado posteriormente a un lavadero, donde se habrían intentado eliminar rastros de sangre y otros indicios. La desaparición del sacerdote motivó labores de búsqueda que se extendieron durante varios meses.
El cuerpo del párroco fue hallado en septiembre de 2024 en un operativo coordinado por el CTI y el Gaula de la Policía. Las autoridades señalaron que la ubicación se logró gracias al análisis de información recuperada durante la investigación inicial.
La Fiscalía presentó al procesado ante un juez penal de control de garantías y le imputó los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego; y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Durante la diligencia, Cifuentes Gómez manifestó que se allanaba a los delitos atribuidos.
Con el aseguramiento en centro carcelario, el proceso continuará ahora en etapa de juicio para la definición de responsabilidades.
El imputado en este caso aceptó los cargos por homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego, por lo que se calcula que la condena podría quedar en 18 años dos meses y tendría que pagar una multa de 100 Salarios mínimos legales mensuales vigentes.
