La Contraloría General de la República detectó un hallazgo fiscal por 213.548.069,50 pesos relacionado con vuelos no justificados de aeronaves de la Policía Nacional utilizados por Juliana Guerrero, funcionaria del Ministerio del Interior y aliada cercana de Armando Benedetti, el actual ministro del Interior. Estos desplazamientos, que incluyen una reunión en la Universidad Popular del Cesar, se realizaron en regiones como Cesar, Magdalena y Bogotá durante mayo, junio y agosto de 2025, con vuelos específicos el 19 y 20 de junio, bajo el convenio 400-2025 para servicios aéreos que involucró aeronaves ATR-42 y helicópteros Bell-212, registrados como “reunión comunidad” pero sin alineación con actividades misionales ni relación con el proyecto de “atención al Pueblo embera”.
El contralor general Carlos Hernán Rodríguez anunció esta rectificación de hallazgo con connotación fiscal y presunta incidencia disciplinaria, basada en la Ley 610 de 2000 y el Decreto 403 de 2020, calificando la gestión fiscal como ineficiente, ilícita e incompleta. Los vuelos no contaron con autorización de supervisores contractuales, según evidencia del Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas (Sirese), e incluso incluyeron la participación de la hermana de Guerrero, quien carece de vínculo con el Ministerio del Interior. Nancy Stella Patiño León, secretaria general del Ministerio, también figura en el caso bajo investigación de varias entidades.
Posibles consecuencias y llamado de atención
El hallazgo podría derivar en devolución de la responsabilidad fiscal si no hay fundamento suficiente, una indagación preliminar o, en caso de gravedad, un juicio de responsabilidad fiscal formal, proceso que ya fue trasladado a la Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, con solicitud de un plan de mejoramiento al Ministerio del Interior en un plazo de 10 días hábiles. Guerrero, previamente vinculada a escándalos por falta de experiencia, enfrenta este nuevo episodio en medio de la supervisión estricta sobre el uso de recursos públicos.
“Quiero aprovechar esta oportunidad para llamar la atención a todas las entidades frente a que cuando se suscriben convenios, estos deben ser dentro del marco de las facultades y funciones propias de lo que eventualmente se haya concebido para el desarrollo de las actividades y proyectos”.
Carlos Hernán Rodríguez, Contralor General de la República
“En primer lugar, la responsabilidad fiscal podría ser devuelta si no existe el fundamento suficiente para seguir adelante”.
Carlos Hernán Rodríguez, Contralor General de la República
“En segundo lugar, podría determinarse una indagación preliminar; y en tercer lugar, si los hechos son suficientemente graves, se abriría un juicio de responsabilidad fiscal, lo que implicaría un procedimiento formal para investigar la posible responsabilidad de los implicados”.
Carlos Hernán Rodríguez, Contralor General de la República
Este caso subraya la necesidad de transparencia en el manejo de convenios interinstitucionales y pone en el ojo público las prácticas del Ministerio del Interior, mientras las autoridades avanzan en las indagaciones para esclarecer el uso indebido de estos recursos por combustible y operaciones aéreas.
