Decisión de la Corte Constitucional y sus efectos para víctimas de fraudes con tarjetas
La Corte Constitucional dictó una resolución de gran impacto que modifica el panorama para miles de colombianos afectados por fraudes digitales y suplantaciones en compras realizadas con tarjetas de crédito.
La base normativa se apoya en Ley Estatutaria 190 de 2022 (Cámara) y 303 de 2023 (Senado).
Con la nueva regla, las entidades financieras quedan obligadas a suspender el cobro de las cuotas vinculadas a operaciones fraudulentas mientras se lleva a cabo un proceso especial de verificación.
Antes de la modificación, las víctimas debían cubrir cargos por compras que nunca realizaron; en caso de no poder hacerlo, eran reportadas ante las centrales de riesgo, lo que afectaba su historial crediticio por años.
La Corte propone un marco más equitativo para quienes resultaron afectados sin responsabilidad y establece mecanismos para evitar daños prolongados en su situación financiera.
- Medida temporal: interrupción de cobros por fraudes asociados a transacciones con tarjetas durante la revisión.
- Procedimiento de verificación: implementación de un proceso específico para corroborar cada caso cuestionado.
- Protección del historial: salvaguarda de la puntuación crediticia de las víctimas mientras dura la verificación.
- Fundamento normativo: amparo en Ley Estatutaria 190 de 2022 (Cámara) y 303 de 2023 (Senado).
«La resolución evita que víctimas carguen con deudas ajenas y ofrece un procedimiento claro para esclarecer cada caso» – Magistrado de la Corte Constitucional
Según Red Más, la decisión establece un marco más justo para quienes fueron engañados sin responsabilidad y apunta a corregir la afectación crediticia vinculada a estos hechos.
Este marco no implica la eliminación retroactiva de obligaciones ya nacidas; la suspensión y verificación buscan proteger la posición financiera durante el proceso.
