La Fiscalía General de la Nación solicitó formalmente una audiencia de imputación de cargos contra el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien ocupó el cargo entre mayo de 2023 y junio de 2024, por su presunta participación en los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Este pedido se enmarca en la investigación sobre el entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), durante la dirección de Olmedo López, donde se habrían direccionado contratos por más de 92.000 millones de pesos hacia municipios como Cotorra en Córdoba, El Carmen de Bolívar en Bolívar y Saravena en Arauca, a cambio de apoyos políticos.
Velasco, señalado como el principal articulador político de la red, habría dado instrucciones directas a Olmedo López para asignar estos contratos mediante el uso de cupos indicativos, compromisos que alcanzaban hasta 80.000 millones de pesos. La trama involucra también a figuras como Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres de la Ungrd; María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda que recibió principio de oportunidad; Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda; Jaime Ramírez Cobo, exasesor presidencial; y el senador Julio Elías Chagüi. Se realizaron reuniones clandestinas conocidas como cónclaves para negociar estos favores a congresistas, asegurando así la aprobación de proyectos de ley, reformas como la de salud y créditos internacionales para el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Avances en la investigación y testimonios clave
La Fiscalía avanza en el proceso basándose en testimonios de exfuncionarios que han colaborado bajo el principio de oportunidad, incluyendo una matriz entregada por Olmedo López que detalla las negociaciones en comisiones económicas del Congreso. Estos fondos provenían de reasignaciones destinadas originalmente al combate de la evasión fiscal y estaban pensados para la gestión de riesgos de desastres, lo que agrava el escándalo al comprometer recursos vitales para emergencias nacionales.
Este caso sacude la gobernabilidad del gobierno Petro, exponiendo una red de influencias que utilizó la Ungrd como vehículo para transacciones políticas ilícitas, con Velasco en el centro de las operaciones para comprar voluntades legislativas en un periodo marcado por tensiones en el Congreso colombiano.
