En Colombia, muchas empresas incurren en un error frecuente al omitir el procedimiento riguroso exigido por la legislación laboral para realizar despidos por justa causa, lo que transforma estos despidos en injustificados y obliga a los empleadores a indemnizar al trabajador afectado. Según el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, este proceso debe iniciarse con una comunicación escrita que detalle de manera precisa la causal específica, los hechos concretos, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como las pruebas correspondientes o sus anexos. Posteriormente, se requiere otorgar al trabajador una audiencia para que presente su defensa, y en casos de causales enumeradas del 9 al 15 del literal a), un aviso previo de 15 días. Además, cuando existe fuero especial por enfermedad, embarazo o afiliación sindical, se necesita la autorización previa de un inspector de trabajo.
Este protocolo busca garantizar el debido proceso al trabajador, diferenciando claramente los despidos con justa causa, que incluyen faltas graves como la presentación de documentos falsos, certificados falsificados o actos inmorales o delictuosos, de aquellos sin justa causa. La legislación laboral colombiana establece causales específicas para el despido justificado, como faltas reiteradas o incumplimientos graves, pero su aplicación incorrecta genera graves repercusiones económicas y jurídicas para las empresas.
Consecuencias graves por incumplimiento
Si se omite este procedimiento, el despido se considera injustificado, lo que conlleva la anulación del acto, el pago inmediato de la liquidación al trabajador, una indemnización correspondiente al tipo de contrato y la antigüedad laboral, además de posibles intereses moratorios y otras reclamaciones adicionales. En contraste, un despido sin justa causa también requiere liquidación e indemnización, pero el incumplimiento del protocolo para justa causa agrava la situación al invalidar por completo la terminación pretendidamente justificada. Autoridades laborales han destacado la importancia de estas causales, como los certificados falsos o actos delictuosos, para evitar abusos y proteger los derechos de los empleados en todo el territorio nacional.
La relevancia de cumplir estrictamente con estos requisitos radica en su impacto directo en la estabilidad laboral y las finanzas empresariales, recordando a los empleadores la necesidad de asesoría legal para evitar costosas demandas y sanciones que podrían derivarse de una omisión tan común en el país.
