El ministro de Trabajo de Colombia, Antonio Sanguino, desmintió categóricamente las afirmaciones del gremio de empresas de servicios temporales, Acoset, que advertía sobre la pérdida de 500.000 empleos debido a un decreto que limita la tercerización laboral ilegal. En un pronunciamiento reciente publicado en su cuenta de X, Sanguino calificó esa cifra como un «espantajo» y defendió la medida, que establece un tope del 10% del personal de una compañía para este tipo de contratos y prohíbe la intermediación ilegal, respondiendo así a las quejas del sector que preveía una reducción de hasta el 60% en su mercado, especialmente en contrataciones navideñas para hoteles, restaurantes, comercio e industria.
El decreto, según explicó el ministro, solo hace cumplir la Ley 50 de 1990, vigente desde hace 30 años, que reserva las empresas temporales para labores excepcionales como reemplazos, picos de producción o actividades ocasionales, corrigiendo violaciones toleradas durante tres décadas. Sanguino enfatizó que lo que cambia es la forma de contratación: los cargos permanentes deben ser directos, con estabilidad y garantías laborales, permitiendo sin embargo el uso de temporales para picos estacionales como la Navidad, pero exigiendo mayor rigor en la identificación del verdadero empleador por parte de los inspectores.
Respuesta detallada del ministro a las críticas
En un mensaje extenso en redes sociales, el ministro Sanguino abordó punto por punto las preocupaciones de Acoset, invitando a una conversación informada en lugar de narrativas de miedo. La propuesta fortalece la inspección laboral contra el fraude en la contratación, calificando la tercerización ilegal como «dumping social» que precariza los derechos de los trabajadores al reducir salarios y beneficios.
«Vamos punto por punto. La ciudadanía merece una conversación informada, no narrativas de miedo».
Antonio Sanguino, Ministro de Trabajo
El funcionario aclaró que la norma no castiga el empleo genuino, sino el abuso en su uso, transformando prácticas irregulares en contratos directos que garanticen estabilidad. «Solo hace cumplir la Ley 50 de 1990, que desde hace 30 años establece que las temporales son excepcionales y solo pueden usarse para labores ocasionales, reemplazos o picos de producción», precisó, añadiendo que «lo que cambia es cómo se contrata: los cargos permanentes deben ser contratos directos, con estabilidad y garantías».
«No se castiga el empleo, se castiga el abuso».
Antonio Sanguino, Ministro de Trabajo
Finalmente, Sanguino rechazó las acusaciones de rigidez laboral, argumentando que «eso no es flexibilidad, es dumping social», y subrayó que el gobierno busca proteger a los trabajadores sin afectar la dinámica económica legítima de las empresas.
Fuentes: @AntonioSanguino en X, Imagen Ilustrativa Infobae, Ministerio del Trabajo
