El representante a la Cámara por Santander, Cristian Avendaño, denunció cobros no autorizados por seguros funerarios y de vida incluidos en las facturas de servicios públicos como energía y gas en varias regiones de Colombia, incluyendo Santander, Cali, Cartagena, Cúcuta y Boyacá. La revelación se dio a conocer a través de un video publicado recientemente en redes sociales, donde mostró copias de facturas con estos cargos irregulares que se realizan sin el consentimiento de los usuarios. El caso inicial surgió en Barrancabermeja, cuando un usuario detectó un incremento inexplicable en su factura eléctrica y consultó al equipo del congresista.
El video generó una respuesta masiva, con cientos de comentarios en las primeras horas y miles de usuarios que revisaron sus facturas para reportar cobros similares en servicios de energía, gas y otros públicos. Esta viralización detonó nuevas quejas en ciudades del país, evidenciando un patrón de irregularidades que afectan a la ciudadanía mes a mes sin que muchos se percaten.
Los nombres de los cobros irregulares
Entre los cargos identificados figuran conceptos como “Protege tu mundo”, “Hogar y Prevención”, “BantiMax Vivienda” y “Esa en casa”, todos añadidos sin autorización explícita de los usuarios. Avendaño enfatizó que estos cobros representan una práctica indebida que vulnera los derechos de los consumidores en múltiples regiones.
“Están metiéndole la mano al bolsillo a la gente y ni siquiera muchos de ellos se han dado cuenta en el pago de la luz, en el pago del recibo del gas mes a mes”
Cristian Avendaño, representante a la Cámara por Santander
“Todos esos cobros que les están haciendo a las personas son irregulares porque nunca tuvieron autorización de los usuarios o por lo menos no en los casos en los que nos han denunciado”
Cristian Avendaño, representante a la Cámara por Santander
Ante esta situación, el representante recomendó a la ciudadanía revisar minuciosamente sus facturas antes de realizar cualquier pago para evitar estos cobros sorpresa. La denuncia pone en el radar de las autoridades un problema que podría requerir investigaciones más profundas para proteger a los usuarios de servicios públicos en todo el territorio nacional.
