La Fiscalía General de la Nación formalizó la acusación contra los exministros Luis Fernando Velasco, del Interior, y Ricardo Bonilla, de Hacienda, por el delito de concierto para delinquir agravado en el marco del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La medida incluye la radicación de un escrito de acusación y la solicitud de una medida de aseguramiento, derivados de su presunta participación en la entrega irregular de contratos y el pago de coimas a congresistas, a cambio de apoyos políticos para las iniciativas del Gobierno de Gustavo Petro. Este hecho, ocurrido recientemente en Colombia, expone un esquema de desvío de recursos públicos destinados a la atención de emergencias y desastres naturales.
El caso revela un entramado de contratos irregulares que facilitaron el direccionamiento de fondos de la Ungrd hacia intereses particulares, involucrando a altos funcionarios y políticos. Ya se han dictado condenas en esta investigación: Sneyder Pinilla, exsubdirector de la entidad, recibió una sentencia de cinco años y ocho meses de prisión por concierto para delinquir y peculado por apropiación, mientras que Pedro Andrés Rodríguez Melo, exasesor jurídico de la Ungrd, fue condenado a cuatro años y diez meses por desvío de recursos. De confirmarse la medida contra Velasco y Bonilla, ambos se sumarían a la lista de sancionados, lo que agravaría el impacto en la operatividad y credibilidad de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
Otroa involucrados en la red de corrupción
El escándalo abarca múltiples figuras vinculadas mediante imputaciones, capturas o investigaciones en curso, como los congresistas César Manrique Soacha, Iván Name, Andrés Calle, Olmedo López y Carlos Ramón González, todos señalados por presuntos delitos como peculado, cohecho y lavado de activos. Estos exdirectivos, asesores y políticos habrían participado en el manejo irregular de fondos públicos, destinados originalmente a mitigar emergencias nacionales, lo que ha generado un profundo cuestionamiento a la gestión de recursos en entidades clave del Estado.
Esta nueva acusación fortalece las pesquisas sobre la corrupción en la Ungrd, un episodio que no solo compromete la imagen del Gobierno Petro, sino que también pone en jaque la confianza ciudadana en la respuesta estatal ante desastres. La Fiscalía continúa profundizando en las ramificaciones del caso, con el objetivo de esclarecer el alcance total del desfalco y garantizar la recuperación de los recursos desviados.
