La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, decidió reducir drásticamente el número de fiscales especializados en secuestro y extorsión, pasando de 120 a solo 40, mediante una resolución que ordena retirar a estos profesionales de las unidades Gaula de la Policía y el Ejército para transferirlos a las Unidades de Reacción Inmediata (URI). Esta reestructuración implica que los procesos relacionados con estos delitos ahora serán manejados por fiscales de las URI, quienes carecen de experiencia especializada en la materia.
La medida se toma en un contexto alarmante para la seguridad nacional, donde los secuestros han registrado un incremento del 125% en lo que va de 2025 en comparación con el año anterior, y las extorsiones superan ya los 10.000 casos reportados en el presente año. Fuentes de la Fuerza Pública, citadas por la revista Semana, han expresado preocupación por este cambio, que asigna procesos nuevos a fiscales sin formación específica en secuestros y extorsiones.
Debilitamiento de la capacidad de respuesta contra el crimen organizado
El traslado de fiscales genera un debilitamiento significativo en las unidades Gaula, especializadas en la lucha contra el secuestro y la extorsión, tanto en la Policía como en el Ejército. Organismos de seguridad han activado alarmas ante lo que perciben como un retroceso en la capacidad de respuesta inmediata, con graves consecuencias para las investigaciones en curso y los casos recientes que demandan atención experta y urgente.
Esta decisión de la Fiscalía, implementada a través de una resolución firmada por la fiscal general, pone en jaque la efectividad de las operaciones contra delitos que han mostrado una tendencia ascendente en Colombia, obligando a repensar estrategias para no perder terreno ganado en años previos frente al crimen organizado.
