El Ministerio de Transporte de Colombia ha aclarado que los agentes de tránsito no pueden revisar los celulares de los conductores durante operativos en carretera sin una orden judicial o la comisión de un delito flagrante, bajo pena de sanciones por vulnerar la privacidad de los ciudadanos. Esta prohibición surge ante prácticas comunes para detectar aplicaciones de transporte no reguladas como Uber, Didi, Indriver o Yango, lo que contraviene el artículo 15 de la Constitución Política y la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales. Andrés Guzmán, experto en protección de datos, respalda esta posición al enfatizar la necesidad de respetar los derechos fundamentales en estos controles vehiculares.
Durante los operativos, los agentes están impedidos de inspeccionar aplicaciones, fotos o mensajes en los dispositivos móviles, así como de retener las llaves de los vehículos. Solo se permite verificar el IMEI del teléfono con una justificación clara en casos de robo, o intervenir en flagrancia por delitos como hurto o extorsión. Esta norma se basa en el Código Nacional de Tránsito, establecido en la Ley 769 de 2002, y responde al incremento en el uso de teléfonos móviles al volante, que ha generado un alza en las denuncias de conductores por revisiones indebidas de sus equipos.
Multas y consecuencias para agentes y conductores
En 2025, manipular el celular sin manos libres acarreará una multa tipo C38 equivalente a 604.054 pesos colombianos, correspondientes a 52,29 UVT, lo que subraya la importancia de la seguridad vial sin menoscabo de la privacidad. Los agentes que incumplan enfrentan investigaciones y sanciones disciplinarias, mientras que los conductores no están obligados a entregar su dispositivo y pueden exigir la norma legal que justifique la revisión, incluso grabando la intervención para resguardar sus derechos.
Las denuncias por estas irregularidades pueden presentarse ante la Secretaría de Movilidad, la Procuraduría General, la Superintendencia de Transporte, la línea gratuita #767 o en ventanillas presenciales, promoviendo así una mayor transparencia y respeto a la ley en los controles de tránsito a lo largo del país.
