El Gobierno colombiano, a través de un decreto firmado por los ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, creó un Comité de Expertos Ad hoc con el propósito de documentar las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante las protestas sociales entre 2019 y 2021. Esta medida, que ha generado una fuerte polémica, establece un organismo transitorio, extrajudicial e independiente que funcionará hasta el 31 de julio de 2026, con el fin de analizar los hechos, formular recomendaciones para evitar su repetición y cumplir con sentencias de la Corte Suprema de Justicia, así como con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU).
El comité estará integrado por tres expertos postulados por más de 30 organizaciones sociales e impulsoras de la iniciativa, seleccionados por la Defensoría del Pueblo, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y la ONU, y contará con un equipo técnico de nueve personas. Financiado por los ministerios del Interior y de Justicia, el organismo no tendrá facultades para determinar responsabilidades penales, civiles, administrativas o disciplinarias, pero sí podrá exigir a todas las entidades estatales la entrega de información necesaria para su labor, culminando con un informe final que presentará el presidente de la República.
Polémica y demanda judicial en el horizonte
La creación del comité se enmarca en el contexto de las intensas protestas sociales de 2019 y 2021 en Colombia, que incluyeron el estallido nacional contra la reforma tributaria propuesta por el gobierno de Iván Duque, marcado por episodios de violencia y denuncias de abusos por parte de las fuerzas estatales. Esta iniciativa busca dar cumplimiento a la sentencia STC7641-2020 de la Corte Suprema de Justicia y al Decreto 003 de 2021 sobre protocolos de uso de la fuerza estatal, fortaleciendo la protección al derecho a la protesta pacífica.
«la creación del comité responde a la necesidad de fortalecer la protección del derecho a la protesta pacífica y de cumplir con sentencias de la Corte Suprema de Justicia, así como con recomendaciones de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos»
Comunicado del Ministerio del Interior
Sin embargo, la medida ha desatado críticas y derivado en una demanda ante el Consejo de Estado, impulsada por sectores que acusan al Gobierno de usurpación de funciones judiciales, ataque a la privacidad, violación al debido proceso y presunción de inocencia. Los demandantes argumentan que, bajo el pretexto de esclarecer los hechos, se busca fabricar responsabilidades políticas o jurídicas contra quienes defendieron la democracia y la supremacía constitucional durante aquellos disturbios.
«No podemos permitir que, bajo el pretexto de ‘esclarecer’ los hechos, se intente, sin competencia legal alguna, fabricar responsabilidades políticas o jurídicas a quienes, con valentía y determinación, protegieron la democracia y garantizaron la supremacía de la Constitución durante los disturbios de 2019 y 2021»
Demandantes, recogidas por la revista Semana
Este decreto representa un paso controvertido en la búsqueda de verdad y reparación por las violaciones a los derechos humanos en un periodo de alta tensión social, donde el equilibrio entre memoria histórica y respeto a las garantías procesales se pone a prueba ante los tribunales.
