La Fiscalía General de la Nación, bajo la dirección de la fiscal general Luz Adriana Camargo y con el apoyo de un equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, presentó una petición formal ante el Tribunal Superior de Bogotá para realizar audiencias de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento restrictiva de la libertad contra los exministros Ricardo Bonilla, quien estuvo al frente de Hacienda, y Luis Fernando Velasco. Esta acción se enmarca en la investigación por presuntos delitos de corrupción relacionados con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), específicamente concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer, derivados del artículo 340 del Código Penal colombiano.
El escándalo de corrupción en la Ungrd, que ha derivado en una macroinvestigación en curso, avanza ahora a una nueva etapa judicial con esta solicitud de prisión preventiva y formalización de cargos. Según expertos, en este caso habría un concurso de delitos conforme a los artículos 60, 61 y 62 del Código Penal, lo que podría elevar significativamente las penas. Un testigo clave prestó declaración durante 50 horas, aportando elementos cruciales para la acusación.
Penas que podrían superar los 15 años de prisión
Las posibles sanciones son severas: por concierto para delinquir en su forma básica, hasta 108 meses o 9 años de prisión; en su versión agravada, hasta 216 meses o 18 años, con un aumento de hasta la mitad para quienes organicen, promuevan, dirijan o financien el esquema. Si involucra servidores públicos, una pena alternativa podría llegar a 144 meses o 12 años, acompañada de multas de hasta 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En conjunto, las condenas podrían superar los 12 o 15 años por acumulación de delitos.
“en este caso habría un concurso de delitos”
Fabio Humar, socio director de Fabio Humar Abogados
“cuando se trata de un concierto para delinquir relacionado específicamente con los delitos previstos en el inciso segundo, la pena puede alcanzar hasta doscientos dieciséis meses (dieciocho años), y aumentarse hasta en la mitad para quienes organicen, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien dicho concierto”
Juan Francisco Navarrete, socio de Navarrete Consultores
La defensa de Ricardo Bonilla, a cargo del abogado Mauricio Pava, ha rechazado categóricamente las acusaciones, asegurando que no existe un solo contrato irregular vinculado al exministro y que los chats mencionados se refieren a proyectos y no a contratos. Pava enfatizó que Bonilla nunca preguntó por contratos y que este no es un caso de maletines con dinero, como lo describió Alejandra Benavides, asesora del Ministerio citada por la defensa. Bonilla ya entregó su pasaporte y permanece en Colombia, mientras su equipo legal solicita una investigación sobre transaccionalidad financiera y cubre honorarios mediante pólizas de seguro para servidores públicos.
Este desarrollo judicial marca un punto de inflexión en el caso de la Ungrd, con implicaciones profundas para la lucha contra la corrupción en entidades públicas, donde las posibles condenas largas y multas millonarias subrayan la gravedad de los presuntos hechos.
