La Fiscalía General de la Nación formalizó este jueves una resolución de acusación contra nueve exmilitares por el delito de tortura agravada, calificada como crimen de lesa humanidad, en relación con los brutales hechos ocurridos durante la retoma del Palacio de Justicia en Bogotá los días 6 y 7 de noviembre de 1985. Los señalados son Edilberto Sánchez Rubiano, Óscar William Vásquez Rodríguez, Ferney Ulmardín Causayá Peña, Luis Fernando Nieto Velandia, Antonio Rubay Jiménez Gómez, Fernando Blanco Gómez, Gustavo Arévalo Moreno, Iván Ramírez Quintero y Bernardo Alfonso Garzón, quienes habrían sometido a malas tratos físicos, morales y psicológicos a diez víctimas identificadas como Yolanda Ernestina Santodomingo Alberricci, Eduardo Arturo Matson Ospino, José Vicente Rubiano Galvis, Aristóbulo Rozo, Orlando Quijano, Orlando Arrechea Ocoro, Saul Antonio Arce, Jaime Buitrago Castro, Ana Lucia Limas Montaña y Héctor Dario Correa Tamayo, consideradas sospechosas en ese contexto.
Cuatro décadas después de aquel episodio conocido como el holocausto del Palacio de Justicia, donde la guerrilla del M-19 tomó el edificio y las fuerzas militares lo retomaron en una operación sangrienta, esta acusación representa un avance significativo en la investigación. Las víctimas fueron trasladadas inicialmente al segundo piso de la Casa del Florero y luego a diversas guarniciones militares, donde sufrieron las torturas. La Fiscalía sustenta su decisión en un amplio acervo probatorio que incluye documentos del Ejército, el Plan Tricolor 83, manuales militares, testimonios de testigos, el Informe de Policía Judicial del 26 de septiembre de 2016 y evidencias sobre la participación del Coici en la cadena de mando, encabezada por Sánchez Rubiano y bajo el mando de Arias Cabrales.
Avance histórico en la búsqueda de justicia
El caso revive el controvertido contexto de la toma guerrillera, cuyo plan era conocido por las autoridades desde el 18 de octubre de 1985, con vigilancia policial incrementada que misteriosamente se retiró antes del asalto. El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), que representa a la parte civil, ha destacado la importancia de esta resolución, emitida justo 40 años después de los hechos, como un paso hacia el esclarecimiento total de la cadena de mando y la sanción de todos los responsables, incluyendo quienes pudieron haber dado las órdenes.
«una decisión histórica, por la cual las víctimas han esperado por cuatro décadas y que valida la verdad que siempre han defendido»
Rafael Barrios Mendivil, cofundador del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar)
Figuras como el expresidente de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla Pinilla, han planteado hipótesis que cuestionan la gestión oficial: algunos militares habrían propiciado la toma del Palacio como represalia por ataques previos del M-19, como el robo al Cantón Norte y un intento de asesinato contra un comandante. "Es inconcebible que se descubriera el plan de la guerrilla y que de todas maneras lo hubieran podido hacer", reflexionó Pinilla, subrayando las irregularidades en la respuesta estatal.
«la defensa de los derechos humanos en Colombia exige el esclarecimiento total de estos hechos y la sanción de todos los responsables, especialmente de quienes dieron la orden»
Rafael Barrios Mendivil, cofundador del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar)
Esta acusación no solo busca justicia para las diez víctimas directas, sino que abre la puerta a un examen más profundo de uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente de Colombia, donde la retoma militar dejó un saldo de decenas de muertos y heridos, y persisten interrogantes sobre responsabilidades superiores en la cadena de mando.
