En Barranquilla, durante el I Encuentro de las Altas Cortes y el V Encuentro de la Jurisdicción Disciplinaria a finales de octubre, el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, lanzó una dura crítica al recorte presupuestal que el Gobierno nacional aplicó a la Rama Judicial para el año 2026. Según Ibáñez, esta reducción de seis billones de pesos sobre la solicitud inicial de 16 billones impide el ejercicio pleno de la función judicial y obliga a la Rama Judicial a mendigar recursos ante la Rama Ejecutiva, socavando su autonomía constitucional. Junto a él, Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, presidente de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial y del Consejo Superior de la Judicatura, respaldó estas preocupaciones, destacando cómo el recorte compromete la creación de juzgados laborales municipales y el fortalecimiento general de la institución.
La Comisión Interinstitucional, conformada por los presidentes del Consejo Superior de la Judicatura, del Consejo de Estado, de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el fiscal general y un representante de los funcionarios judiciales, expresó su inquietud directamente al Ministerio de Hacienda en una reunión con el viceministro Carlos Emilio Betancurt Galeano, la directora Martha Hernández Arango y el asesor Diego Carrero. Allí, se abordó el impacto de los recortes acumulados: un primer ajuste de 4,4 billones de pesos y un segundo de 695.000 millones, que en total restan vitales recursos para pagar sentencias, crear cargos, implementar la Ley 2452 de 2025 sobre el nuevo Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social, desarrollar la Jurisdicción Agraria y Rural, y cubrir servicios esenciales como aseo, vigilancia, arriendos, seguros, mantenimiento y servicios públicos. Estos recortes afectan no solo a la Judicatura, sino también al ente acusador y a Medicina Legal.
Autonomía judicial en jaque
Ibáñez enfatizó que, aunque la Constitución Política garantiza la autonomía de la Rama Judicial, esta protección queda en letra muerta sin el respaldo presupuestal adecuado, alejando al país de una oferta judicial efectiva.
“Cada vez nos alejamos más de hacer una oferta judicial porque no tenemos autonomía, y no tenemos autonomía porque si queremos crear un cargo en la Rama Judicial, si necesitamos pedir un recurso para crear ese cargo, nos toca pedirle limosna a la Rama Ejecutiva del poder público”.
Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional
El magistrado añadió que la sociedad se da una Constitución para someterse a ella, y nadie puede erigirse en dueño del Estado, recordando que los recortes impiden directamente la función judicial.
“Si la Rama Ejecutiva no quiere darnos lo que toca, como ahora que nos recortó, de 16 billones de pesos, nos recortó 6 billones de pesos, pues sencillamente, nos impiden el ejercicio de la función judicial”.
Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional
“La Constitución es muy buena en garantizar la autonomía de la Rama Judicial, pero está en el papel. Razón por la cual tenemos que algún día garantizar la verdadera autonomía en la realidad de la Rama Judicial”.
Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional
Por su parte, Vallejo Jaramillo subrayó la delicadeza del recorte al comprometer proyectos clave.
“Este recorte es muy delicado porque compromete la posibilidad de crear los juzgados laborales municipales, de fortalecer y robustecer a la Rama Judicial”.
Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, presidente de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial y del Consejo Superior de la Judicatura
En la reunión con Hacienda, el Ministerio se comprometió a responder sobre el decreto de bonificación judicial, aunque las altas cortes insisten en un llamado al respeto irrestricto de la Constitución para preservar la independencia del poder judicial. Información basada en fuentes de X, la Corte Constitucional y reportes de Juan Páez para Colprensa.
