Dieciséis exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, designados como gestores de paz, rechazaron de manera contundente la demanda presentada por la Defensoría del Pueblo para anular sus nombramientos, según un comunicado dirigido a la opinión pública. Los afectados, liderados en esta respuesta por figuras como las que han participado en procesos de desmovilización, anunciaron que preparan una sólida defensa con argumentos de hecho y de derecho ante el Consejo de Estado, en un proceso que involucra al Ejecutivo colombiano. Esta reacción surge en respuesta a la acción administrativa impulsada por la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, quien cuestiona las designaciones argumentando responsabilidad en crímenes de lesa humanidad e incumplimientos judiciales.
Los gestores de paz enfatizan que su rechazo se basa en el reconocimiento de su trayectoria desde la desmovilización de las AUC entre 2003 y 2006, un proceso político impulsado por el Estado que involucró a más de 35.000 integrantes. Argumentan que han cumplido cabalmente con los requerimientos judiciales durante más de 20 años, respaldados por miles de horas de audiencias ante decenas de abogados de la misma Defensoría del Pueblo. Además, destacan su participación activa en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, derivado del acuerdo con las Farc, donde socializan verdades judiciales y promueven diálogos en comunidades afectadas, incluyendo iniciativas restaurativas como la búsqueda de desaparecidos e identificación de bienes.
Preocupación por el impacto en la justicia transicional
En su comunicado, los 16 gestores expresan sorpresa por la demanda, que consideran sustentada en «prejuicios e imprecisiones graves», y advierten que debilita la credibilidad del Estado como garante de justicia. Cuestionan la calificación de la Defensoría sobre su supuesto historial de incumplimiento, invocando derechos a la reincorporación, segundas oportunidades y no estigmatización en el marco de la justicia transicional. Revelan que más de 5.300 exdesmovilizados han sido asesinados desde su reinserción, subrayando los riesgos que enfrentan. Solicitan un diálogo público con la Defensoría para debatir la demanda, afirmando: «Estamos aquí justamente porque estamos al lado de la institucionalidad».
«Queremos expresar nuestra sorpresa por la acción administrativa interpuesta por la Defensoría del Pueblo en cabeza de la Dra. Iris Marín Ortiz, más aún, cuando se basa en prejuicios e imprecisiones graves».
Los 16 gestores de paz
Por su parte, Iris Marín Ortiz ha manifestado que la medida «debilita la credibilidad del Estado como garante de justicia», mientras los gestores responden que esta postura «nos deja altamente preocupados por su rechazo a acciones humanitarias y reparadoras que dan cuerpo a las gestorías de paz». Reiteran: «Por más de 20 años hemos CUMPLIDO cabalmente con los requerimientos y deberes, cuenta de ello son las miles de horas de audiencias de las cuales son testigos sus decenas de abogados de la Defensoría del Pueblo». Este enfrentamiento pone en jaque procesos de diálogo con el Gobierno y afecta iniciativas clave para la reparación en comunidades víctimas, en un contexto donde la paz total exige equilibrar verdad y reconciliación.
